por Julio Alonso | Dic 2, 2011 | Evolución Digital, Internet, Internet y la Ley
Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.
La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.
El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE – siempre defendida por el Ministerio de Cultura – se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.
Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.
Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.
Los gobiernos van y vienen. La red resiste.
por Julio Alonso | Mar 31, 2011 | Evolución Digital, Política y Relaciones Internacionales
La corrupción en España alcanza niveles alarmantes. No se trata sólo de los casos de corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, etc., que afectan de manera generalizada a los grandes partidos: hablamos de corrupción en los mismos fundamentos del sistema.
En este contexto se ha asentado la alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al poder durante décadas (PP, PSOE, CiU…), sin otras opciones más que aquellas necesarias para conseguir sus propios objetivos, sin permeabilidad de nuevas ideas, sin permitir la participación activa de la ciudadanía, asfixiando toda posibilidad de regeneración democrática.
La ley electoral ha sido blindada a medida de los grandes partidos al penalizar desmesuradamente la representación de las minorías. A diferencia de otros países con una democracia saludable, nuestros parlamentos no reflejan la diversidad ideológica de la sociedad española.
La partitocracia se ha profesionalizado: no llegan al poder los mejores, sino los que desde muy jóvenes se han dedicado a gestionar influencias e imponer la disciplina de la jerarquía. La voluntad de los ciudadanos es ignorada en la toma de las decisiones importantes, que son adoptadas a la medida de grupos de presión que sólo representan los intereses de minorías mediáticas o económicamente poderosas. Los anteproyectos de ley se elaboran a espaldas de los ciudadanos, manipulando la información y dando por buenos estudios e informes fraudulentos.
El único resquicio de participación que nos dejaron son las convocatorias electorales. Pero en cada una de ellas los partidos mayoritarios recurren a listas cerradas y bloqueadas, a la campaña del miedo, a pedir el “voto útil” para que no gane el adversario con el que se alterna en el poder. Pese a que la sociedad española considera a los políticos el tercer problema del país, se vuelve una y otra vez a votar a los mismos: a políticos que gobiernan aislados de la ciudadanía, y con la intención de mantener esa situación indefinidamente.
El 22 de mayo estamos convocados para ejercer nuestro principal derecho democrático: el voto. Durante la campaña electoral, en un marco de brutal crisis económica, se apelará al miedo más que nunca. Puedes rendirte una vez más, hacerles caso. Pero también puedes tomar conciencia de tu poder como ciudadano: abrir los ojos e implicarte personalmente en la red de ciudadanos hastiados que consideran que está en nuestras manos mejorar la situación. Puedes contribuir a que haya más debate de los temas importantes, a que se nos informe correcta y objetivamente, a que la toma de grandes decisiones no dependa solo de que dos o tres élites dirigentes se pongan de acuerdo, dando la espalda a la opinión y el interés de la mayoría ciudadana.
Un voto – el tuyo – no puede ser un cheque en blanco para que un partido pueda despreocuparse durante cuatro años de la voluntad popular. La toma de decisiones políticas a la medida de grupos de presión financieros o mediáticos son el síntoma de que algo va muy mal en nuestra democracia: el resultado del divorcio entre la ciudadanía y los partidos mayoritarios que se alternan en el poder.
No te pedimos el voto por ningún partido o ideología en concreto, sino que te informes para comprobar si existen alternativas políticas que quizás representan mejor tus ideas, y lo que los ciudadanos concebimos como democracia. La democracia no son los grandes partidos: la democracia eres tú, y millones como tú.
Sin tu voto no son nada. El próximo 22 de mayo, NO LES VOTES.
Tenemos muchas más razones.
Si quieres debatirlas y trabajar con nosotros, pásate por el wiki:
WIKI.NOLESVOTES.ORG
por Julio Alonso | Ene 22, 2011 | Evolución Digital, Internet y la Ley
Anoche David Maeztu, como ya había adelantado, publicó el texto de su propuesta de redacción alternativa de la Ley Sinde. Después de unas cuantas horas, creo que ya puedo a empezar a dar opinión sobre su contenido. No sin antes advertir que no soy un abogado especialista en esto (que estudiase Derecho hace ya más de 20 años no me cualifica adecuadamente), así que espero también con mucho interés la opinión de juristas especializados. De hecho, no he publicado antes porque estaba esperando eso mismo. Pero visto que nadie más que Ricardo Galli se ha atrevido, no voy a demorarlo más. En cualquier caso, antes de entrar en el meollo, quiero aclarar un poco mi post de ayer en vista de lo que se ha sabido después y de las muy variadas reacciones.
Manipulación
Cuando ayer hablaba de manipulación no me refería a que piense que David Maeztu ha manipulado. Creo ha cometido errores de juicio a la hora de actuar unilateralmente y en secreto. Ricardo Galli da un buen repaso a esa cuestión. Tampoco me consta que Alex de la Iglesia haya intentado manipular. Ha intentado conseguir una solución a este asunto que sirva a los intereses de los de su sector, como se supone que debe hacer. Quizás no haya terminado de entender que para conseguir una alternativa que pueda ser aceptada por los internautas el proceso es muy importante y no se pueden hacer las cosas en secreto o en petit comité. Tampoco creo que manipulase la Cadena Ser. Ellos se limitaron a recibir una información de una fuente, contrastarla con las partes y, al ver que no había noticia, no publicaron. Quien manipuló fue quien filtro a la SER no lo que pasó (que David Maeztu había preparado una propuesta que gustaba a la industria y esta se lo había pasado a los políticos), sino que había una posición común de los internautas negociada por los de la reunión de Alex de la Iglesia. Ese era el intento de manipulación. Que, afortunadamente, se desactiva en cuanto se publica. Hay quien apunta a que no fue un intento de manipulación intencionado, sino un teléfono estropeado. Yo no estoy tan seguro.
Creo que el relato que hace Fernando Berlín es bastante acertado: Y la red se incendió de nuevo
Sobre el fondo de la propuesta
Anoche me vi el gráfico y me leí la propuesta de David con cierta prisa. Esta mañana la he leído con más calma y la he comentado con un par de personas. Mi conclusión es que, aunque formalmente puede ser mejor, en la práctica es igual, o incluso peor. Me explico.
Hay que reconocer que esta propuesta tiene la ventaja sobre la anterior de eliminar la capacidad de la comisión para ordenar el cierre de webs. Entendamos bien qué supone esto, porque es importante: no puede ordenar a un proveedor de alojamiento que desconecte una máquina o a un ISP que deje de enrutar tráfico a una IP. Cosas que sí que podía hacer con la redacción anterior. También parece que, en vez de buscar el cierre de webs, se busca eliminar contenidos concretos. También podría ser un paso en la dirección adecuada. Estas dos cosas, por sí solas serían positivas. Pero es que no vienen “por sí solas”.
Junto a esa mejora, la propuesta de David crea un mecanismo distinto que posiblemente permita los mismos resultados aunque por otra vía. Para decir toda la verdad, en realidad no es un mecanismo que cree su propuesta. Es un mecanismo que se encontraba latente en la LSSI pero que nadie se había atrevido hasta ahora a utilizar. La explicación es un poco larga, pero merece la pena. La LSSI, en sus artículos 16 y 17 dispone el régimen de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios en internet (tu proveedor de alojamiento, tu ISP, la página que enlaza a tu contenido, básicamente cualquier actor de internet que se relaciona contigo). Esto es, en que condiciones estos no son responsables de las cosas que hagan sus clientes o usuarios. Sin esa exención, serían responsables de cualquier contenido de sus clientes y usuarios y, por lo tanto, apenas habría contenidos de terceros. Bien, en esos artículos se afirma que están exentos de responsabilidad mientras no tengan conocimiento efectivo o si lo tienen y actuan en consecuencia. Y para determinar si hay conocimiento efectivo establece lo siguiente:
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución…
Hasta ahora no se había definido concretamente quién era esa autoridad competente. En su momento se intentó infructuosamente que en el texto no dijese “autoridad competente” sino “autoridad judicial”. Precisamente por lo que viene a continuación. En el texto de Maeztu se da expresamente condición de autoridad competente a estos efectos a la Comisión de Cultura. Pero no sólo eso, se cambia la redacción para que haya conocimiento efectivo cuando la comisión indique que hay meramente “posible lesión de derechos de terceros” (mientras que en la redacción actual dice sólo “lesión”). Se amplia la responsabilidad de prestadores a los gestores de publicidad (art. 17 Bis LSSI) y se faculta a los tenedores de derechos a actuar legalmente contra los terceros con conocimiento efectivo (art. 138 LPI):
Además, el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá iniciar las medidas descritas en el párrafo anterior, así como exigir la indemnización de los daños causados, contra aquellos que, con conocimiento o teniendo motivos razonables para conocer, induzcan, faciliten, cooperen o contribuyan de cualquier forma a la infracción de derechos producida por cualquier tercero.
Todo el que se relacione con un pirata, será acusado de piratería
¿Os suena del principio de Piratas del Caribe 3? Pues esto es parecido. Pero, ¿no habíamos quedado que la Comisión no podía cerrar webs? Bueno, así es, pero lo que ahora hace es decirle al prestador de servicios: “tú verás si cierras o no, es decisión tuya. Ahora, como haya un juicio y resulte que el enlace (el contenido o lo que sea) sea ilegal, eres tan responsable como el que lo ha colgado”. ¿Qué pensáis que va a recomendar hacer el 99,99999% de los departamentos jurídicos de empresas de internet? Ante el mínimo riesgo jurídico, eliminemos el enlace o el contenido. Se consigue el mismo efecto sin tener que ir al juez, sin tener que esperar y sin que la comisión tenga que cargar con la responsabilidad de haber cerrado nada. El miedo hace el trabajo por ellos. La extensión del riesgo jurídico a todos los prestadores de servicios.
El problema de fondo de esta regulación es que, de nuevo, basta con una presunción de “posible lesión”, dictaminada por la comisión, para que surtan los efectos que busca la industria: que la página en cuestión deje de estar accesible. A mí no me parece mal que suceda eso, pero siempre después de que un juez haya determinado que existe una lesión de derechos y por lo tanto una actividad ilegal. Nunca antes. De nuevo, intentamos saltarnos a los jueces. Y así no vale.
¿Y los enlaces? No habíamos quedado que los enlaces eran legales y que todos los jueces lo han determinado así. Es cierto. Pero con este mecanismo da igual. El departamento de asesoría jurídica de tu proveedor de alojamiento no se va a andar con matices, no van a asumir el riesgo jurídico, por muy remoto que sea. Por si acaso eliminan el contenido en cuestión. Y si luego resulta que era legal ya lo volverán a subir, si acaso.
La libertad de expresión vuelve a estar amenazada
Y, para colmo, en esta redacción, perdemos la protección de derechos fundamentales que se introdujo en la segunda versión del proyecto de Ley Sinde. Ahora no hay intervención de un juez para determinar si hay conflicto con derechos fundamentales. Esto es, si El País, por poner un ejemplo, publica o enlaza a contenidos de terceros (Wikileaks por ejemplo), se puede denunciar a la comisión, esta lo notifica y, a partir de ahí, cualquier prestador de servicios involucrado que “induzca, facilite, coopere o contribuya de cualquier forma a la infracción de derechos” también será responsable.
Salvo que yo me esté comiendo algún detalle importante (que entra dentro de lo posible), mucho me temo que el problema con esta propuesta no son sólo las formas y el proceso, es también, y sobretodo, el contenido.
Actualización 24 enero 2011: anoche el usuario de Twitter Maeztufacts publicó el pdf completo que David Maeztu envió a Alex de la Iglesia. La propuesta en sí es la misma que ya publicó David Maeztu, pero el texto anterior de explicación revela que los temores que teníamos sobre el mismo eran más que fundados.
Referencias: Propuesta de David Maeztu | Versión anterior de la Ley Sinde (pdf) | LSSI, LPI | Texto completo de la propuesta de Maeztu
por Julio Alonso | Ene 21, 2011 | Evolución Digital, Internet y la Ley
Me acaba de llamar hace como una hora una periodista de la Cadena Ser para decirme, más o menos textualmente, que “los internautas que estuvieron en la reunión con Alex de la Iglesia han enviado a Rubalcaba y a Saez de Santamaría un documento de mínimos para que la Ley Sinde se apruebe”. Tal cual. ¿Es cierto? Absolutamente falso. Ahora, ¿de dónde sale esta historia?
El pasado 30 de diciembre acudí a la famosa reunión que convocó Alex de la Iglesia con distintos internautas para que le contásemos nuestros puntos de vista sobre la Ley Sinde. En esa reunión David Bravo y David Maeztu explicaron desde el punto de vista legal por qué la ley era una aberración, y los demás explicamos por qué todo internet está en contra y discutimos sobre la evolución de los modelos de negocio y por qué es tan importante que cambien su postura. Fue una reunión con abundante publicidad, con periodistas a la entrada y a la salida, con twitter y con fotos. Desde ese día 30 de diciembre no había vuelto a saber nada más de Alex de la Iglesia o del resto de participantes.
Hasta que esta mañana me llama David Maeztu y me cuenta que lleva como una semana trabajando en una redacción alternativa (más favorable para internet me dice) de la Ley Sinde. Me cuenta después que la ha visto ya con Alex de la Iglesia y con Pedro Pérez y que a estos les convence. No sólo eso, sino que parece que se la han pasado a los políticos y que posiblemente se apruebe el lunes en el Senado. Me cuenta que quiere que nos veamos mañana sábado para contárnoslo de primera mano a Enrique Dans a Nacho Escolar, a Javier de la Cueva y a mí. Hace mucho hincapié en mantener la discreción y en que la reunión y su contenido no trascienda. Me empieza a dar mala espina. No estoy cómodo. Más tarde me cuenta que Javier de la Cueva no va. Me pongo más nervioso. Me cuenta que es en un despacho de abogados especializados en propiedad intelectual que defiende habitualmente las posturas de la industria. Me saltan todas la alarmas. Hablo por teléfono con Enrique y con Nacho. Nos suena a trampa. Aunque no lo decimos estoy convencido de que todos pensamos en la desafortunada reunión con Leire Pajín a la que tuve la suerte de no acudir. Si la cosa ya está hecha, no hemos participado, no podemos negociar nada (no sólo porque no parece que sea ese el objeto de la reunión, sino porque, como no nos cansamos de repetir, no representamos a nadie más que a nosotros mismos), y, además, al no ir Javier de la Cueva no va a haber ningún experto jurídico externo que analice el texto, ¿qué sentido tiene ir? Decidimos declinar la oferta.
Cuando esta noche me llama la periodista, ato cabos y me doy cuenta de que nuevamente hay en marcha un intento de manipulación. Alguien les ha contado el cuento de la negociación e intentan dividir o dar a entender que hay una ley acordada por ambas partes. Posiblemente David haya sido utilizado en todo esto, no lo sé. Imagino que ha pensado una redacción alternativa de la Ley que para él tenía más sentido que la actual, se la ha pasado a la industria pensando que se podía construir algo positivo con eso, y a partir de ahí alguien ha jugado con él. Y ha intentado jugar con todos los demás. Lo que sé seguro es que no ha habido ningún texto de los internautas. Ni de un grupo de internautas. Al menos yo no he participado ni ninguna de las personas que conozco y con las que lo he hablado antes de escribir esto ha participado. No ha habido reuniones, no ha habido textos compartidos o circulando. Si mañana veis mi nombre en alguna noticia diciendo que he negociado con el PSOE o con el PP es falso.
El lunes imagino que me enteraré del texto famoso por la fuente periodística habitual. Y cuando sepa de qué va opinaré, como suelo hacer.
Más información
Enrique Dans: ¿Negociación? ¿Qué negociación? ¿Pero qué me estás contando?
David Bravo: No participé en operación de maquillaje alguna de la Ley Sinde
Alex de la Iglesia: en twitterlong
David Maeztu: Quien me mandará a mi… y Propuesta alternativa a la Ley Sinde
