Reforma de la Constitución sin referendum y pérdida de legitimidad

Ayer nos atragantó el desayuno a muchos la noticia de que PSOE y PP han llegado a un pacto para introducir una reforma en la Constitución Española (CE) que establezca una limitación de la capacidad del gobierno para incurrir en déficit presupuestario. Dicha reforma, además, se pretende tramitar en agosto, por la vía de urgencia, en un par de sesiones parlamentarias, sin el debido debate público y sin referendum.

Es cierto que todo esto es legal. El procedimiento de reforma constitucional que contiene la propia CE estable que se puede reformar sin referendum si la reforma es parcial y no se tocan ciertos apartados. También marca que incluso en este supuesto es preceptivo un referendum vinculante si lo solicita un 10% de los diputados o de los senadores. Visto el apoyo previsto a la reforma por parte de PSOE y PP, lo esperable es que no se solicite. Ahora bien, siendo legal, a mi juicio: no responde al espíritu de la norma; puede restarle legitimidad a la CE; el momento no es oportuno; las formas menos; el fondo, aún sin conocer, cuestionable; y lo mismo la eficacia que podría tener.

Oportunidad

El procedimiento de reforma constitucional sin referendum está previsto para reformas de elementos no sustanciales de la misma sobre los que exista un amplio consenso en la sociedad. No parece que este sea el caso, independientemente de lo que diga la actual aritmética parlamentaria. Y esto sin entrar en el debate sobre si un parlamento con fecha de disolución ya anunciada se debe meter en una reforma constitucional de las que en la historia de nuestra constitución sólo hay un precedente y muy menor.

Plantearlo en pleno mes de agosto, con todo el país de vacaciones, con una legislatura con final ya anunciado, y pretender aprobarlo por la vía de urgencia, en dos sesiones , y sin un debate público previo hace saltar todas las alarmas.

La actuación de este gobierno durante los últimos meses no ha hecho más que levantar recelos en una parte importante de la población. Se denuncia la distancia de los políticos profesionales con la población y los problemas que preocupan a esta. Se denuncia también el enquistamiento del sistema político que perpetúa el bipartidismo e impide que las minorías puedan, no ya tener peso en el parlamento; meramente dejar oir su voz. Se denuncia por último que estos actuen más pensando en los mercados que en los ciudadanos. Una reforma constitucional sin consenso social y sin referendum en este contexto es una bomba de relojería en la maltrecha credibilidad de nuestro sistema político.

Legitimidad

Una Constitución es la norma que establece el marco general de convivencia en un país. Debe ser una norma de gran estabilidad y del mayor consenso posible. Hasta ahora, y con ciertos matices, así ha sido. No quiere decir ello que todo el mundo esté de acuerdo con todo lo que dice la CE, o que no se piense que se le pueden introducir mejoras importantes. Quiere decir que se acepta como norma compartida. Que además de ser legal se considera legítima.

En el imaginario colectivo español existe la idea ampliamente compartida de que la CE es una norma difícil de modificar, que sólo se hace por consenso y que basa su legitimidad en su aprobación popular por referendo. Modificarla ahora en un tema sustancial y controvertido por esta vía no hace sino restarle apoyos a toda la Constitución. Es triste y me duele decirlo, pero así es. Y me parece un efecto muy grave.

Motivaciones

Con esta reforma, cuyo texto detallado todavía no se conoce, se pretende fijar por ley la obligación de no sobrepasar un nivel máximo de déficit público. Se supone que con ello se conseguirá mayor disciplina fiscal de los sucesivos gobiernos, mayores niveles de credibilidad para nuestra economía y, en definitiva, apaciguar a los mercados.

Me parece especialmente preocupante porque supone consagrar en la CE una determinada interpretación de la economía que no es ni mucho menos una ciencia exacta. Importantes economistas, premios Nóbeles como  Krugman, Stiglitz o Nourini mantienen posturas contrarias.

Desde mi punto de vista el gran problema con esta cuestión es que interesadamente se habla sólo de uno de los aspectos: el total del gasto anual y no del resto del fenómeno. En particular:

1. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos del estado y cómo contribuyen todos los ciudadanos a su mantenimiento? Me llama poderosamente la atención que muchos de los que se escandalizan con los déficits públicos luego presuman en privado de cómo evaden impuestos más o menos descaradamente.

¿Por qué se pretende fijar en la CE un máximo de déficit y no un mínimo de contribución impositiva?

2. ¿En qué se gasta el presupuesto público? Me parece poco aceptable que el déficit sirva para cubrir gastos corrientes (con algunas excepciones en gastos de tipo social). Ahora, me parece muy necesario que se pueda incurrir coyunturalmente en déficit para financiar políticas que fomenten el crecimiento económico y la innovación. Luego podemos entrar en cuáles y si más o menos, pero prohibirlo en la CE me parece una aberración.

Se puede hablar mucho de si es prudente o no endeudarte como particular y a qué niveles. Ahora, lo que a nadie se le ocurre es prohibir por ley que alguien se pueda endeudar. Esto es parecido.

3. ¿Por qué debe ser una norma sagrada un cierto porcentaje de déficit presupuestario sobre el total de PIB y no otro? ¿Cuál es el fundamento económico? (Siento no disponer de una conexión de internet decente mientras estoy de vacaciones para poder poner un par de enlaces muy ilustrativos al respecto).

Eficacia

¿Realmente alguien se cree que se va a respetar una norma así? ¿Que en caso de aprobarse se van a acabar nuestros problemas económicos y nuestros gobiernos se van a convertir de la noche a la mañana en modelos de austeridad y de eficacia económica?

Si la reforma llega a aprobarse el gobierno de turno buscará los instrumentos para poder seguir endeudándose sin que se considere déficit y sin incumplir técnicamente la norma. Leo en twitter (sin conexión buena se me hace difícil ir a comprobarlo) que la Constitución Alemana tiene una norma similar desde 2009 que impide un déficit superior al 0,35%, pero que en la letra pequeña dice que dicha limitación se puede evitar con una mayoría simple en el parlamento.

La disciplina y la eficiencia económica tienen que ser algo en lo que crean los gobernantes y que les exijan sus ciudadanos. Si intentamos sustituir responsabilidad por obligación normativa es que ya damos por perdida la batalla. Y de paso enrarecemos un poco más el clima político, aumentamos la distancia de la clase política profesional con la población y reducimos la legitimidad para muchos de todo el sistema. Great move!