La prensa y Google

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Cuenta hoy La Información que los editores de prensa por medio de la AEDE, la asociación que les representa, están considerando demandar a Google por enlazarles en Google News. No es un debate nuevo, y ya antes, cuando se ha planteado por parte de algún intermediario interesado, se le ha dado respuesta contundente.

La clásica comparación con el caso de las empresas de press-clippings no vale. Google News sólo indexa, mostrando titular y entradilla, no el texto completo y redirigiendo enseguida a los medios. Además, por medio del robots.txt, proporciona una rápida manera de indicarle que no indexe. Y también se puede hacer más granular para indicar que no indexe en News pero sí en las búsquedas normales. Google es hoy por hoy la mayor fuente de tráfico de internet. Sólo las redes sociales pueden hacerle algo de sombra y sólo a medio plazo. No entender el valor de ese tráfico es no entender como funciona internet.

Estos días, en multitud de charlas con periodistas a cuento de la Ley Sinde, he vuelto a oir a menudo el argumento. Dice algo así:

“nosotros hacemos un producto con mucho esfuerzo y costes, Google lo coge, lo transforma y gana dinero con ello. Y a nosotros no nos da dinero, sólo tráfico”

Bien, pues yo les contesto:

“estos días llevo invertidos, literalmente, algunos cientos de horas en hablar con periodistas de prensa, radio, televisión e internet sobre el tema de la Ley Sinde. En esas conversaciones yo empleo un tiempo muy valioso que podría estar dedicando a Weblogs SL. Con lo que yo les cuento, ellos lo elaboran y crean un producto periodístico que publican y ganan dinero con ello. Y a mí no me dan dinero, sólo visibilidad”

Obviamente no pretendo que me paguen por las entrevistas, faltaría más. Lo que pretendo es trazar similitudes entre ambos casos. Y, desde mi punto de vista son casos prácticamente calcados. Cambiemos visibilidad por tráfico y estamos ahí.

¿Por qué en un caso es ético y en otro no?

La prueba diabólica

Ya tenemos disponible el nuevo texto de la Ley-Sinde (la disposición final primera del proyecto de Ley de Economía Sostenible). Y es peor de lo que nos temíamos. Desde el viernes he estado hablando con medios y haciendo suposiciones sobre un texto que el gobierno había aprobado, pero había decidido no publicar el viernes sino el lunes. Los presagios no eran buenos. Las declaraciones del Ministro de Justicia tras la reunión del Consejo de Ministros afirmando que el derecho a la propiedad intelectual es un Derecho Fundamental indicaban que la cosa no iría bien. El nuevo texto lo confirma. Lo principal es lo siguiente:

  • Se mantiene la creación de la SS (Sección Segunda) de la Comisión de Propiedad Intelectual y su habilitación como autoridad competente para las funciones previstas en el artículo 8 de la LSSI – Punto 4.2. Esto es, que todos los cierres previstos en la LSSI, para los cuales era necesaria intervención judicial, ahora los puede hacer la Comisión.
  • Se mantiene la inclusión de la protección de la propiedad intelectual entre los supuestos para cerrar webs – Punto 1.
  • Se mantiene la obligación para los ISPs de facilitar los datos que permitan identificar al propietario de la página – Punto 2.2.
  • Quien decide sobre el fondo de la cuestión es la Comisión (de la “Sinde Inquisición” la llaman ya en twitter) – Punto 7.2
  • La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sólo entra a valorar si ejecutando el cierre acordado por la Comisión se vulneran la libertad de expresión o de información del propietario de la página (lo recogido en el artículo 20 de la Constitución Española) – Punto 7.2. No opina sobre si efectivamente se está vulnerando o no los derechos de propiedad intelectual ni sobre si se vulnera otro derecho fundamental que no sea los del artículo 20 (como podría ser el Derecho a la intimidad del artículo 18)
  • La Comisión puede decidir el cierre de cualquier web “con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial” – Punto 4.4. Esto es, puede cerrar cualquier web, porque esta formulación es una auténtica prueba diabólica.

En Derecho se conoce como prueba diabólica aquella que exige al acusado probar algo que es imposible probar. Por ejemplo demostrar que algo no ha sucedido. Algo así pretende la Comisión. Por una parte se inventa el concepto de “ánimo de lucro indirecto”, que hasta dónde yo sé no existe en nuestro ordenamiento jurídico, posiblemente para intentar abarcar o bien la publicidad o incluso alguna interpretación más enrevesada, como la utilidad no económica. Pero además, y esto es lo más grave desde mi punto de vista, se añade a quien “pretenda causar un daño patrimonial”. Esto es, si la Comisión estima que la web pretende causar un daño patrimonial ya puede cerrarse. Esta claúsula, posiblemente, pretenden usarla para poder cerrar cualquier web que estimen que les causa perjuicio económico y que ha sido previamente advertida (si no ha retirado el contenido sabíendolo es que nos quiere perjudicar). Esto incluye a webs sin publicidad, a enlaces y prácticamente a cualquier tipo de página web.

Esta ley, con esta redacción, es un cheque en blanco a las entidades de gestión para que puedan cerrar con plazos breves y a cuenta del Estado cualquier web que se les antoje. Es intolerable.

Sobre el debate en ABC de ayer

Debate ABC

Estoy francamente decepcionado. Abc.es publica un artículo sobre el debate al que me invitó ABC ayer que duró un par de horas y, no sólo no veo una sola de mis afirmaciones en él, es que sólo me citan para mencionar cosas a las que me oponía, y ni siquiera todas ellas. Leyéndolo se comenta varias veces asuntos en los que todos estábamos de acuerdo (el papel central del autor en la industria o la culpa de las telecos) con las que para nada comulgo y que, en un caso ni se mencionó y en otro estábamos medio de acuerdo. Esto es, los representantes de las entidades de gestión estaban de acuerdo y yo no. Visto que no me veo para nada representado, no me queda otro remedio que intentar reconstruir en base a mis notas y mi memoria como fue el debate.

Hace unos días me llamó Inés Martín de ABC para invitarme a un debate sobre la polémica sobre la Ley-Sinde (la disposición adicional introducida en el anteproyecto de ley de economía sostenible que otorga a una nueva sección de la comisión de propiedad intelectual la potestad para cerrar webs por vulneración de derechos de autor). En el debate iba a estar un representante de la Coalición de las entidades de gestión, un abogado de su parte, estaría yo, y me pedían referencias de un abogado de “nuestra parte”. Después de pasar por los nombres que os podéis imaginar, que están todos fuera de Madrid, y que ninguno podía venir, al final les propuse que invitaran a Paloma Llaneza. Si bien no coincide 100% con nuestras posiciones, tampoco compra las de la otra parte y ha sido muy crítica con el proyecto en muchos aspectos. Preveía pues una ligera desventaja, pero, inocente que es uno, pensé que se podría superar con energía y convencimiento y con la imparcialidad del medio anfitrión.

Llegué al debate el primero y poco a poco me fui dando cuenta de que la cosa no era exactamente como la esperaba. Resulta que al debate venían José Antonio Suárez abogado y secretario general de EGEDA, Joan Navarro, director de la Coalición y Alex de la Iglesia. Por unos momentos incluso parecía que Paloma no se incorporaría. El debate quedaba ya claramente descompensado. Tres ponentes curtidos por un lado (he coincidido ya en debates con todos ellos) contra mí y la ayuda que Paloma me diera (que al final afortunadamente fue bastante). Para iniciar la acción un responsable de ABC lo encuadró en (cito de memoria) “el tradicional respeto de esta casa por todas las propiedades, incluida la propiedad intelectual”, aunque también matizó que “había ciertos cambios a consecuencia de internet que posiblemente hacían necesarios planteamientos nuevos”.

Inés abrió el debate preguntando qué nos parecían las medidas propuestas por el gobierno. Empezó respondiendo Suárez alegando que el gobierno lleva un retraso de 8 años en tomar medidas sobre esta materia, que al fin lo están haciendo, que somos uno de los países con mayores índices de piratería, que estamos en la lista negra de EE.UU… Paloma y yo saltamos a contestar que no hay estudios independientes que demuestren eso, que los únicos estudios al respecto son los que elaboran ellos que además luego se los facilitan a EE.UU. para que nos ponga los primeros de la lista. La contestación de Suárez a esto fue de nota: citó a McCarthy y su frase “un comunista en el departamento de estado es ya un comunista de más” para a continuación añadir “una sóla descarga ya es demasiadas descargas”. Así, descargas en general, sin matizar. Por lo menos queda claro cuales son sus fuentes de inspiración.

Alex de la Iglesia siguió con la cantinela habitual de los muchos empleos que se están perdiendo en su sector, de las situaciones tan críticas, de la urgencia de actuar contra esto… Joan Navarro siguió con que la piratería era un robo vergonzoso…

Paloma Llaneza puso sobre la mesa la chapuza jurídica que representa la ley (ha escrito en su blog, pero más sobre sus conclusiones a posteriori que sobre el debate en sí). Textualmente dijo que en España se legisla “a tontas y a locas” y que por intentar hacerlo rápido al final no es eficaz y tendrán que volver a iniciar de cero. Navarro decía que las medidas (que afirmaba no conocer a priori) eran de cirujia de precisión (yo le dije al vuelo que no se hace cirugía de precisión con una sierra mecánica) y que habían sido estudiadas al milímetro por muchos abogados del Estado. Suárez argumentaba que mejor hacerlo mal pero hacer algo y De la Iglesia convenía en que era importante hacer algo ya, aunque no fuera fino. Puso el ejemplo de un amigo que quería hacer cine pero bien y nunca había hecho una película. Yo repliqué que ese criterio para hacer películas podía estar bien, pero para otras cosas no. Que seguro que no le gustaba ese criterio para guiar la actuación de un cirujano, y que legislar sobre materias tan delicadas como esta era algo parecido. Y que en este caso no se puede actuar precipitadamente para defender los intereses de unos pocos y con ello perjudicar los derechos de los ciudadanos y los intereses económicos de las empresas del nuevo entorno.

Me tocó opinar a mí y dije que lo fundamental de este proyecto es que transfiere potestades que en nuestro ordenamiento son claramente del poder judicial al ejecutivo y con ello contribuye a erosionar aún más la división de poderes tan básica para la democracia. Expliqué que tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Una es como se deben regular los derechos de autor en un contexto nuevo, que es un debate que se debe tener con tiempo, con publicidad y con participación de todas las partes implicadas. Y otro debate distinto y más urgente que es sobre las medidas que se intentan implantar sobre esta cuestión.

A partir de ahí Alex de la Iglesia se fue desatando con metáforas y frases-titular con un nivel de demagogia muy elevado: que si parecía que la propiedad intelectual no fuera igual que el resto de propiedad (que será porque no lo es), que si se respetaba más a la agri-cultura que a la cultura, que si las descargas son como un alunizaje en una joyería con un Hummer… Además de esto, los tres ponentes de la otra parte se esforzaban por intervenir uno detrás de otro para que no tuviera posibilidad de ir contestando y desmontando sus afirmaciones. No tengo el cronómetraje del debate, pero dudo seriamente que mi tiempo de intervención llegase al 20%. Unido a eso, sufría interrupciones constantes cada vez que enlazaba tres palabras seguidas, en especial por parte de Alex de la Iglesia. Tan fue así que en un momento del debate tuve que levantarme y decir que así no seguía debatiendo.

Inés Martín nos preguntó más adelante si había algún area en la que pudiéramos estar de acuerdo. Yo dije que sí, que yo personalmente creía en los derechos morales del autor (a que se reconozca su autoría y se mencione, a que no se plagie) y también en el derecho a evitar que otros se lucren con la difusión de sus obras. Ahora, aclaré, esto no se puede intentar alcanzar sin todas las garantías judiciales y además y esto es muy importante, sin criminalizar el enlace. Expliqué que el enlace es fudamental para la web como la conocemos. Hice mención a cómo era internet antes, en tiempos de Gopher, Telnet y demás. Sí, y Mosaic decía Suárez. No, Mosaic ya era web y enlaces (obviamente no lo había entendido pero había oído flautas). Navarro saltó oportunista que entonces estábamos todos de acuerdo y que no se hablase más. Pero no es así. Por un lado porque lo que pone en el anteproyecto se parece como un huevo a una castaña a esto que estábamos diciendo. En segundo lugar porque lo que la Coalición entiende por “que alguien se lucre con la difusión de obras de terceros” y por “no criminalizar el enlace” es muy pero que muy distinto de lo que entiendemos nosotros. Así se lo hizo ver Paloma Llaneza.

El debate terminó con los representantes de la otra parte al unísono afirmando que no se iba contra los usuarios (lo clásico) y que lo que pasaba era que el público estaba muy desinformado y que había que educarle. Imagináos como sonaba de ridículo que la propia Inés Martín le respondió que la gente no estaba desinformada, que al contrario, que este tema había suscitado un nivel de protesta en internet no visto anteriormente. La coletilla final fue el ya clásico “hay que seguir el dinero” de Alex de la Iglesia y la acusación también de los tres representantes de las entidades de gestión de que las grandes culpables son las operadoras de telecomunicaciones.

Me llevo una sensación más bien amarga de mi participación en el debate. Lo siento por Inés Martín, porque no creo que fuera su intención. Aunque si es verdad que noté en otras personas de ABC presentes un nivel de reverencia a los otros tres participantes ciertamente significativo. Para la próxima vez tengo muy claro que me llevaré mi propia grabadora y que según qué medio me negaré a asistir si las composiciones no son absolutamente equilibradas.

No cuela

Esta mañana, ha sido Ramón Muñoz en El País, una vez más, el que ha filtrado la pretendida nueva postura del gobierno sobre el famoso cierre administrativo de webs que ocasionó toda la protesta en torno al manifiesto. El Gobierno intenta presentar un procedimiento en el que sí interviene un juez para salvar la comisión de propiedad intelectual y su proyecto de ley. Pero no cuela.

No cuela por varios motivos:

  1. El procedimiento descrito en el artículo de El País se introduciría por vía reglamentaria, no en la propia Ley. Esto es, el texto que se filtró en diciembre se mantendría tal cual. Sin mover una coma, como aseguró en la reunión del ministerio Guillermo del Corral, director de política e industrias culturales. El problema fundamental de esto es que un reglamento no pasa por el parlamento, se aprueba (o se cambia) en el ministerio o en consejo de ministros. No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor. Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento. Si la ley es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional independientemente de lo que diga el reglamento.
  2. Lo que preve el procedimiento es que un juez entienda sobre si hay legitimación para pedir un cierre cautelar y si se hay derechos fundamentales en juego. No entra sobre el fondo de la materia. El procedimiento de medidas cautelares ya existe en la legislación actual y es aplicable a los temas de derechos de autor (David Bravo explica cómo ha sido utilizado por las entidades de gestión hasta ahora). Y su plazo de resolución es relativamente rápido (dos meses), un plazo similar al que se espera que tuvieran con el sistema propuesto. El problema pues no es el plazo, el problema que se intenta resolver es que los jueces se obstinan en no darle la razón a las entidades de gestión.
  3. Con el procedimiento actual, si se procede al cierre cautelar y el juez determina finalmente que no tenía razón el demandante, este tiene que indemnizar al demandado. Con el nuevo procedimiento la indemnización la pagaría la administración, esto es, todos nosotros.
  4. No queda claro quien entendería sobre el fondo del asunto. No es lo mismo que lo haga un juez (en cuyo caso para qué tanto lío) o que lo haga la propia comisión (que aunque no se diga parece que es lo que se pretende).
  5. Manteniendo la redacción actual se mantiene la equiparación de la defensa de la propiedad intelectual con la de otros bienes jurídicos de muchísimo mayor calado, como son la seguridad nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la infancia (art.8 LSSICE), y merecedores de distintos niveles de protección. Especialmente si dicha protección se debe dar poniendo en juego la protección de derechos fundamentales. Estamos intentando vestir de interes general lo que no es más que el interés particular no ya de un sector industrial, sino de un grupo de empresas con una cierta interpretación de los negocios en dicho sector (y con intereses creados y fuertes contactos en la administración y en la política).
  6. Se mantiene la inseguridad jurídica de todos los que tenemos empresas en internet. Si el cierre es cautelar, el daño que se produce con el cierre de la página, que es el elemento fundamental de nuestros negocios, es irreparable. ¿En estas condiciones se pretende que el sector se desarrolle?

Y como cierre, ¿por qué en España tenemos dos ministerios de industria? Uno para todos los sectores industriales y otro sólo para la industria cultural. Porque el Ministerio de Cultura es eso, el ministerio de la industria cultural (según el modelo del siglo XX, para acotar con mayor precisión). Las políticas que cabría esperar de un ministerio de cultura (promoción de la difusión de la cultura) están o totalmente ausentes o totalmente subordinadas a la defensa de los intereses económicos de unos pocos rentistas (que no creadores) de la propiedad intelectual de terceros. ¡Qué triste!

Más información | Enrique Dans: La política del maquillaje, David Maeztu: ya tenemos intervención judicial previa al cierre de webs y David Bravo: la reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda