El secuestro administrativo

A finales de los años 60, de hecho un año antes de que yo naciera, mi padre trabajaba, junto a otros cuantos periodistas hoy muy conocidos pero entonces muy jóvenes, en el lanzamiento de un nuevo periódico, de nombre Nivel. El mismo día en que sacaban el número uno a la calle el periódico fue cerrado en virtud de la Ley de Prensa de 1966. Dicha ley, que en varios aspectos suavizaba la ley de prensa del 38, introducía, sin embargo, en su artículo 64, la figura del secuestro administrativo de publicaciones, que se utilizó para cerrar el diario Nivel con su primera edición aún caliente en las rotativas. Al inicio de la Democracia el Real Decreto-Ley 24/1977 de 1 de abril sobre Libertad de expresión derogó dicho secuestro administrativo.

Ese secuestro administrativo de la ley del 1966 es lo que se está planteando ahora para las publicaciones online en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Economía Sostenible. Antes, la justificación era que atentaban contra los Principios Fundamentales del Movimiento. Ahora, que van contra la propiedad intelectual. El caso es el mismo. Da igual que lo llamen secuestro administrativo, suspensión, bloqueo, embargo, cierre temporal, clausura o lo que sea. Ninguna publicación debe poder ser cerrada sin autorización judicial.

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