La Red Resiste

Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.

La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE – siempre defendida por el Ministerio de Cultura – se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.

Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.

Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.

Los gobiernos van y vienen. La red resiste.

Otro intento más de manipulación, y van…

Manipular

Me acaba de llamar hace como una hora una periodista de la Cadena Ser para decirme, más o menos textualmente, que “los internautas que estuvieron en la reunión con Alex de la Iglesia han enviado a Rubalcaba y a Saez de Santamaría un documento de mínimos para que la Ley Sinde se apruebe”. Tal cual. ¿Es cierto? Absolutamente falso. Ahora, ¿de dónde sale esta historia?

El pasado 30 de diciembre acudí a la famosa reunión que convocó Alex de la Iglesia con distintos internautas para que le contásemos nuestros puntos de vista sobre la Ley Sinde. En esa reunión David Bravo y David Maeztu explicaron desde el punto de vista legal por qué la ley era una aberración, y los demás explicamos por qué todo internet está en contra y discutimos sobre la evolución de los modelos de negocio y por qué es tan importante que cambien su postura. Fue una reunión con abundante publicidad, con periodistas a la entrada y a la salida, con twitter y con fotos. Desde ese día 30 de diciembre no había vuelto a saber nada más de Alex de la Iglesia o del resto de participantes.

Hasta que esta mañana me llama David Maeztu y me cuenta que lleva como una semana trabajando en una redacción alternativa (más favorable para internet me dice) de la Ley Sinde. Me cuenta después que la ha visto ya con Alex de la Iglesia y con Pedro Pérez y que a estos les convence. No sólo eso, sino que parece que se la han pasado a los políticos y que posiblemente se apruebe el lunes en el Senado. Me cuenta que quiere que nos veamos mañana sábado para contárnoslo de primera mano a Enrique Dans a Nacho Escolar, a Javier de la Cueva y a mí. Hace mucho hincapié en mantener la discreción y en que la reunión y su contenido no trascienda. Me empieza a dar mala espina. No estoy cómodo. Más tarde me cuenta que Javier de la Cueva no va. Me pongo más nervioso. Me cuenta que es en un despacho de abogados especializados en propiedad intelectual que defiende habitualmente las posturas de la industria. Me saltan todas la alarmas. Hablo por teléfono con Enrique y con Nacho. Nos suena a trampa. Aunque no lo decimos estoy convencido de que todos pensamos en la desafortunada reunión con Leire Pajín a la que tuve la suerte de no acudir. Si la cosa ya está hecha, no hemos participado, no podemos negociar nada (no sólo porque no parece que sea ese el objeto de la reunión, sino porque, como no nos cansamos de repetir, no representamos a nadie más que a nosotros mismos), y, además, al no ir Javier de la Cueva no va a haber ningún experto jurídico externo que analice el texto, ¿qué sentido tiene ir? Decidimos declinar la oferta.

Cuando esta noche me llama la periodista, ato cabos y me doy cuenta de que nuevamente hay en marcha un intento de manipulación. Alguien les ha contado el cuento de la negociación e intentan dividir o dar a entender que hay una ley acordada por ambas partes. Posiblemente David haya sido utilizado en todo esto, no lo sé. Imagino que ha pensado una redacción alternativa de la Ley que para él tenía más sentido que la actual, se la ha pasado a la industria pensando que se podía construir algo positivo con eso, y a partir de ahí alguien ha jugado con él. Y ha intentado jugar con todos los demás. Lo que sé seguro es que no ha habido ningún texto de los internautas. Ni de un grupo de internautas. Al menos yo no he participado ni ninguna de las personas que conozco y con las que lo he hablado antes de escribir esto ha participado. No ha habido reuniones, no ha habido textos compartidos o circulando. Si mañana veis mi nombre en alguna noticia diciendo que he negociado con el PSOE o con el PP es falso.

El lunes imagino que me enteraré del texto famoso por la fuente periodística habitual. Y cuando sepa de qué va opinaré, como suelo hacer.

Más información
Enrique Dans: ¿Negociación? ¿Qué negociación? ¿Pero qué me estás contando?
David Bravo: No participé en operación de maquillaje alguna de la Ley Sinde
Alex de la Iglesia: en twitterlong
David Maeztu: Quien me mandará a mi… y Propuesta alternativa a la Ley Sinde

Sobre el debate en ABC de ayer

Debate ABC

Estoy francamente decepcionado. Abc.es publica un artículo sobre el debate al que me invitó ABC ayer que duró un par de horas y, no sólo no veo una sola de mis afirmaciones en él, es que sólo me citan para mencionar cosas a las que me oponía, y ni siquiera todas ellas. Leyéndolo se comenta varias veces asuntos en los que todos estábamos de acuerdo (el papel central del autor en la industria o la culpa de las telecos) con las que para nada comulgo y que, en un caso ni se mencionó y en otro estábamos medio de acuerdo. Esto es, los representantes de las entidades de gestión estaban de acuerdo y yo no. Visto que no me veo para nada representado, no me queda otro remedio que intentar reconstruir en base a mis notas y mi memoria como fue el debate.

Hace unos días me llamó Inés Martín de ABC para invitarme a un debate sobre la polémica sobre la Ley-Sinde (la disposición adicional introducida en el anteproyecto de ley de economía sostenible que otorga a una nueva sección de la comisión de propiedad intelectual la potestad para cerrar webs por vulneración de derechos de autor). En el debate iba a estar un representante de la Coalición de las entidades de gestión, un abogado de su parte, estaría yo, y me pedían referencias de un abogado de “nuestra parte”. Después de pasar por los nombres que os podéis imaginar, que están todos fuera de Madrid, y que ninguno podía venir, al final les propuse que invitaran a Paloma Llaneza. Si bien no coincide 100% con nuestras posiciones, tampoco compra las de la otra parte y ha sido muy crítica con el proyecto en muchos aspectos. Preveía pues una ligera desventaja, pero, inocente que es uno, pensé que se podría superar con energía y convencimiento y con la imparcialidad del medio anfitrión.

Llegué al debate el primero y poco a poco me fui dando cuenta de que la cosa no era exactamente como la esperaba. Resulta que al debate venían José Antonio Suárez abogado y secretario general de EGEDA, Joan Navarro, director de la Coalición y Alex de la Iglesia. Por unos momentos incluso parecía que Paloma no se incorporaría. El debate quedaba ya claramente descompensado. Tres ponentes curtidos por un lado (he coincidido ya en debates con todos ellos) contra mí y la ayuda que Paloma me diera (que al final afortunadamente fue bastante). Para iniciar la acción un responsable de ABC lo encuadró en (cito de memoria) “el tradicional respeto de esta casa por todas las propiedades, incluida la propiedad intelectual”, aunque también matizó que “había ciertos cambios a consecuencia de internet que posiblemente hacían necesarios planteamientos nuevos”.

Inés abrió el debate preguntando qué nos parecían las medidas propuestas por el gobierno. Empezó respondiendo Suárez alegando que el gobierno lleva un retraso de 8 años en tomar medidas sobre esta materia, que al fin lo están haciendo, que somos uno de los países con mayores índices de piratería, que estamos en la lista negra de EE.UU… Paloma y yo saltamos a contestar que no hay estudios independientes que demuestren eso, que los únicos estudios al respecto son los que elaboran ellos que además luego se los facilitan a EE.UU. para que nos ponga los primeros de la lista. La contestación de Suárez a esto fue de nota: citó a McCarthy y su frase “un comunista en el departamento de estado es ya un comunista de más” para a continuación añadir “una sóla descarga ya es demasiadas descargas”. Así, descargas en general, sin matizar. Por lo menos queda claro cuales son sus fuentes de inspiración.

Alex de la Iglesia siguió con la cantinela habitual de los muchos empleos que se están perdiendo en su sector, de las situaciones tan críticas, de la urgencia de actuar contra esto… Joan Navarro siguió con que la piratería era un robo vergonzoso…

Paloma Llaneza puso sobre la mesa la chapuza jurídica que representa la ley (ha escrito en su blog, pero más sobre sus conclusiones a posteriori que sobre el debate en sí). Textualmente dijo que en España se legisla “a tontas y a locas” y que por intentar hacerlo rápido al final no es eficaz y tendrán que volver a iniciar de cero. Navarro decía que las medidas (que afirmaba no conocer a priori) eran de cirujia de precisión (yo le dije al vuelo que no se hace cirugía de precisión con una sierra mecánica) y que habían sido estudiadas al milímetro por muchos abogados del Estado. Suárez argumentaba que mejor hacerlo mal pero hacer algo y De la Iglesia convenía en que era importante hacer algo ya, aunque no fuera fino. Puso el ejemplo de un amigo que quería hacer cine pero bien y nunca había hecho una película. Yo repliqué que ese criterio para hacer películas podía estar bien, pero para otras cosas no. Que seguro que no le gustaba ese criterio para guiar la actuación de un cirujano, y que legislar sobre materias tan delicadas como esta era algo parecido. Y que en este caso no se puede actuar precipitadamente para defender los intereses de unos pocos y con ello perjudicar los derechos de los ciudadanos y los intereses económicos de las empresas del nuevo entorno.

Me tocó opinar a mí y dije que lo fundamental de este proyecto es que transfiere potestades que en nuestro ordenamiento son claramente del poder judicial al ejecutivo y con ello contribuye a erosionar aún más la división de poderes tan básica para la democracia. Expliqué que tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Una es como se deben regular los derechos de autor en un contexto nuevo, que es un debate que se debe tener con tiempo, con publicidad y con participación de todas las partes implicadas. Y otro debate distinto y más urgente que es sobre las medidas que se intentan implantar sobre esta cuestión.

A partir de ahí Alex de la Iglesia se fue desatando con metáforas y frases-titular con un nivel de demagogia muy elevado: que si parecía que la propiedad intelectual no fuera igual que el resto de propiedad (que será porque no lo es), que si se respetaba más a la agri-cultura que a la cultura, que si las descargas son como un alunizaje en una joyería con un Hummer… Además de esto, los tres ponentes de la otra parte se esforzaban por intervenir uno detrás de otro para que no tuviera posibilidad de ir contestando y desmontando sus afirmaciones. No tengo el cronómetraje del debate, pero dudo seriamente que mi tiempo de intervención llegase al 20%. Unido a eso, sufría interrupciones constantes cada vez que enlazaba tres palabras seguidas, en especial por parte de Alex de la Iglesia. Tan fue así que en un momento del debate tuve que levantarme y decir que así no seguía debatiendo.

Inés Martín nos preguntó más adelante si había algún area en la que pudiéramos estar de acuerdo. Yo dije que sí, que yo personalmente creía en los derechos morales del autor (a que se reconozca su autoría y se mencione, a que no se plagie) y también en el derecho a evitar que otros se lucren con la difusión de sus obras. Ahora, aclaré, esto no se puede intentar alcanzar sin todas las garantías judiciales y además y esto es muy importante, sin criminalizar el enlace. Expliqué que el enlace es fudamental para la web como la conocemos. Hice mención a cómo era internet antes, en tiempos de Gopher, Telnet y demás. Sí, y Mosaic decía Suárez. No, Mosaic ya era web y enlaces (obviamente no lo había entendido pero había oído flautas). Navarro saltó oportunista que entonces estábamos todos de acuerdo y que no se hablase más. Pero no es así. Por un lado porque lo que pone en el anteproyecto se parece como un huevo a una castaña a esto que estábamos diciendo. En segundo lugar porque lo que la Coalición entiende por “que alguien se lucre con la difusión de obras de terceros” y por “no criminalizar el enlace” es muy pero que muy distinto de lo que entiendemos nosotros. Así se lo hizo ver Paloma Llaneza.

El debate terminó con los representantes de la otra parte al unísono afirmando que no se iba contra los usuarios (lo clásico) y que lo que pasaba era que el público estaba muy desinformado y que había que educarle. Imagináos como sonaba de ridículo que la propia Inés Martín le respondió que la gente no estaba desinformada, que al contrario, que este tema había suscitado un nivel de protesta en internet no visto anteriormente. La coletilla final fue el ya clásico “hay que seguir el dinero” de Alex de la Iglesia y la acusación también de los tres representantes de las entidades de gestión de que las grandes culpables son las operadoras de telecomunicaciones.

Me llevo una sensación más bien amarga de mi participación en el debate. Lo siento por Inés Martín, porque no creo que fuera su intención. Aunque si es verdad que noté en otras personas de ABC presentes un nivel de reverencia a los otros tres participantes ciertamente significativo. Para la próxima vez tengo muy claro que me llevaré mi propia grabadora y que según qué medio me negaré a asistir si las composiciones no son absolutamente equilibradas.

No cuela

Esta mañana, ha sido Ramón Muñoz en El País, una vez más, el que ha filtrado la pretendida nueva postura del gobierno sobre el famoso cierre administrativo de webs que ocasionó toda la protesta en torno al manifiesto. El Gobierno intenta presentar un procedimiento en el que sí interviene un juez para salvar la comisión de propiedad intelectual y su proyecto de ley. Pero no cuela.

No cuela por varios motivos:

# El procedimiento descrito en el artículo de El País se introduciría por vía reglamentaria, no en la propia Ley. Esto es, el texto que se filtró en diciembre se mantendría tal cual. Sin mover una coma, como aseguró en la reunión del ministerio Guillermo del Corral, director de política e industrias culturales. El problema fundamental de esto es que un reglamento no pasa por el parlamento, se aprueba (o se cambia) en el ministerio o en consejo de ministros. No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor. Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento. Si la ley es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional independientemente de lo que diga el reglamento.
# Lo que preve el procedimiento es que un juez entienda sobre si hay legitimación para pedir un cierre cautelar y si se hay derechos fundamentales en juego. No entra sobre el fondo de la materia. El procedimiento de medidas cautelares ya existe en la legislación actual y es aplicable a los temas de derechos de autor (David Bravo explica cómo ha sido utilizado por las entidades de gestión hasta ahora). Y su plazo de resolución es relativamente rápido (dos meses), un plazo similar al que se espera que tuvieran con el sistema propuesto. El problema pues no es el plazo, el problema que se intenta resolver es que los jueces se obstinan en no darle la razón a las entidades de gestión.
# Con el procedimiento actual, si se procede al cierre cautelar y el juez determina finalmente que no tenía razón el demandante, este tiene que indemnizar al demandado. Con el nuevo procedimiento la indemnización la pagaría la administración, esto es, todos nosotros.
# No queda claro quien entendería sobre el fondo del asunto. No es lo mismo que lo haga un juez (en cuyo caso para qué tanto lío) o que lo haga la propia comisión (que aunque no se diga parece que es lo que se pretende).
# Manteniendo la redacción actual se mantiene la equiparación de la defensa de la propiedad intelectual con la de otros bienes jurídicos de muchísimo mayor calado, como son la seguridad nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la infancia (art.8 LSSICE), y merecedores de distintos niveles de protección. Especialmente si dicha protección se debe dar poniendo en juego la protección de derechos fundamentales. Estamos intentando vestir de interes general lo que no es más que el interés particular no ya de un sector industrial, sino de un grupo de empresas con una cierta interpretación de los negocios en dicho sector (y con intereses creados y fuertes contactos en la administración y en la política).
# Se mantiene la inseguridad jurídica de todos los que tenemos empresas en internet. Si el cierre es cautelar, el daño que se produce con el cierre de la página, que es el elemento fundamental de nuestros negocios, es irreparable. ¿En estas condiciones se pretende que el sector se desarrolle?

Y como cierre, ¿por qué en España tenemos dos ministerios de industria? Uno para todos los sectores industriales y otro sólo para la industria cultural. Porque el Ministerio de Cultura es eso, el ministerio de la industria cultural (según el modelo del siglo XX, para acotar con mayor precisión). Las políticas que cabría esperar de un ministerio de cultura (promoción de la difusión de la cultura) están o totalmente ausentes o totalmente subordinadas a la defensa de los intereses económicos de unos pocos rentistas (que no creadores) de la propiedad intelectual de terceros. ¡Qué triste!

Más información | Enrique Dans: La política del maquillaje, David Maeztu: ya tenemos intervención judicial previa al cierre de webs y David Bravo: la reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda

El secuestro administrativo

A finales de los años 60, de hecho un año antes de que yo naciera, mi padre trabajaba, junto a otros cuantos periodistas hoy muy conocidos pero entonces muy jóvenes, en el lanzamiento de un nuevo periódico, de nombre Nivel. El mismo día en que sacaban el número uno a la calle el periódico fue cerrado en virtud de la Ley de Prensa de 1966. Dicha ley, que en varios aspectos suavizaba la ley de prensa del 38, introducía, sin embargo, en su artículo 64, la figura del secuestro administrativo de publicaciones, que se utilizó para cerrar el diario Nivel con su primera edición aún caliente en las rotativas. Al inicio de la Democracia el Real Decreto-Ley 24/1977 de 1 de abril sobre Libertad de expresión derogó dicho secuestro administrativo.

Ese secuestro administrativo de la ley del 1966 es lo que se está planteando ahora para las publicaciones online en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Economía Sostenible. Antes, la justificación era que atentaban contra los Principios Fundamentales del Movimiento. Ahora, que van contra la propiedad intelectual. El caso es el mismo. Da igual que lo llamen secuestro administrativo, suspensión, bloqueo, embargo, cierre temporal, clausura o lo que sea. Ninguna publicación debe poder ser cerrada sin autorización judicial.