¿Qué dice el borrador de la #LeyLassalle?
Creo que habrá tiempo para hacer un análisis detallado artículo por artículo, y hay expertos legales más cualificados que yo para hacerlo. En cualquier caso, después de leer el texto resaltaría estos puntos:

1. Copia Privada. Se busca restringir la copia privada con dos finalidades: uno, convertir en ilegal usos que hasta ahora eran legales para que la industria cultural los pueda perseguir y lucrarse con ellos. Dos, reducir los casos de copia privada y por lo tanto las cuantías que el Estado debe pagar a las entidades de gestión como compensación. Me llama la atención que en la redacción actual se confunden torpemente (o quizás no) los conceptos de copia y reproducción, que se excluye a las personas jurídicas del derecho de copia (incluso si compran legalmente los originales) y que se establece que sólo hay derecho de copia privada si es a partir de un “soporte original adquirido en propiedad por compraventa comercial”. Osea, que si mi hermana me regala un disco no puedo hacerme una copia para oirlo en un reproductor de música digital porque yo no lo he adquirido por compraventa comercial. Tampoco queda muy claro si esto incluye los soportes digitales o no. De paso se limita fuertemente el derecho de copia privada en el ámbito de la enseñanza, haciendo una exclusión explícita de los libros de texto.
2. Enlaces. Se busca equiparar el efecto de enlazar al de poner a disposición una obra. Esto es un muy importante paso adelante (en la mala dirección) comparado con la Ley Sinde. Se dice que se va contra los que vulneren directamente derechos de propiedad intelectual, para a continuación abrir subsidiariamente a cualquier prestador de servicios que participe. Google ha estado haciendo lobby muy intenso en esta cuestión. Pero no para impedir que se criminalice el enlace, sino para que en la redacción se les excluya a ellos, que es lo que se hace en el artículo 158.
3. Proveedores de Servicios, Medios de Pago y Agencias de Publicidad. Se pretende convertir a todos estos agentes en policías a la fuerza. Todos ellos están obligados a cortarle sus servicios a la página que la Comisión les indique. Y si no lo hacen se establece un régimen de sanciones de 30.000 a 300.000 euros. Osea, que cuando alguien suba una película a un servicio de alojamiento y alguna página lo enlace, cualquier compañía de servicios de internet que tenga algún tipo de interacción de tipo económico con esta página corre riesgo de multas muy severas si no deja inmediatamente de trabajar con ella. Imaginémosnos un banner de un anunciante en esa página negociado a través de una agencia de medios y subido a una plataforma de ad exchange y pagado por transferencia bancaria. Todos esos agentes pasan a correr riesgo por este nuevo procedimiento. Da igual que muchas de esas decisiones sean automáticas y no manuales. Da igual que muchos de esos operadores estén fuera de España. A la página que la Comisión diga se la excluye del tráfico publicitario y del tráfico financiero. Ni en delitos económicos muchísimo más graves se prevé este tipo de sanción.
4. Censura. Se sigue incluyendo como medida el cierre de un sitio si está alojado en España y también la solicitud a los operadores de red para que bloqueen el acceso a sitios alojados fuera de España. En los comentarios podéis hacer las analogías a los paises no democráticos que os sean más queridos.
5. Privacidad: entrega de datos por prestadores de servicios. Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil Criminal para obligar a cualquier tipo de prestador de servicios, no solo las operadoras de telecomunicaciones, sino también de medios de pago y de publicidad, para que identifiquen al propietario de la página en cuestión. Esto es Google Adsense (o cualquier otro intermediario de publicidad) tendrá que identificar al propietario de una página que tiene su publicidad y enlaces a obras protegidas. De esto a identificar usuarios hay un paso muy pequeño.



6. Actualización: Notificaciones para que no te enteres: me apunta David Maeztu que, además, se establece para esta materia la notificación por edictos. Esto es, no se hace una comunicación directa y te enteras cuando ya estás sancionado y sin posibilidad de alegar o hacer nada.

Seguro que hay más. Estas son las cosas más graves que yo he visto en la lectura apresurada que acabo de hacer.

Y ahora, ¿qué pasa?

Este texto es un borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Ni siquiera sabemos si es el último. En teoría iba a ir hoy al Consejo de Ministros, pero parece que las críticas desde la propia industria cultural lo ha frenado. Posiblemente en una semana o dos, quizás coincidiendo con la Semana Santa, irá a Consejo de Ministros. Después va al Consejo de Estado, vuelta al Consejo de Ministros y luego al parlamento. Cultura dice que habrá un trámite de consulta pública de un mes. Todos los sectores se quejan de que no se les ha consultado o de que no les gusta la ley. Ibercrea, que es brazo armado del lobby cultural y se supone que sí está participando en la redacción es la que ha filtrado este borrador colgándolo en su web. Según El País también la AEDE (asociación de la prensa tradicional) está molesta. Obviamente todos los sectores de Internet. Adigital tuvo una reunión con Cultura en la que se prometió que se le haría llegar los textos para que pudiera opinar. Tampoco. Al final van a conseguir lo imposible, unir a sectores muy enfrentados entre sí, todos contra la misma reforma. Parece que el único que debe estar contento con ella es Planeta.

¿Habrá gran movilización en Internet?
No creo que del nivel de la de la Ley Sinde. Han pasado demasiadas cosas por medio. Hay foros de discusión y colectivos que ya no tienen las posibilidades de actuación de antes. También han pasado muchas cosas en el país y hay muchos otros temas muy graves por los que protestar. Ahora, ni entonces fue contra un partido ni ahora es por no atacar a otro. Sí creo que veremos entrar en la discusión a muchas empresas digitales que hasta hace poco creían que esto no iba con ellos. Si pensaban que lo de las cookies era grave, esto lo es más.

¿Qué pasará al final?
Al final la ley, con algunos cambios, se aprobará. No servirá para resolver los problemas de la industria cultural. Posiblemente, como ha pasado con la Ley Sinde, en la práctica sea poco operativa. Los que hacen negocio con los enlaces a obras buscaran la forma de seguir operando sin que la ley les afecte. Y mientras, habremos creado inseguridad jurídica, habremos perjudicado gravemente la posición competiva de las empresas españolas en internet, que con las obligaciones y riesgos de esta ley quedan en inferioridad de condiciones respecto a las internacionales, y habremos erosionado un poquito más las libertades públicas. Y luego nos quejaremos de que no se emprende, de que el talento no se quede en España o de que estemos atrasados en los sectores que precisamente más capacidad de creación de empleo tienen.

Actualización 19/03/13: parece ser que Ibercrea ha sustituido en su web el documento filtrado por otro texto. El documento filtrado lo podéis encontrar en este slideshare, ya de paso formateado correctamente.

Aunque seguro que habrá análisis jurídicos más minuciosos y profesionales que el mío, básicamente la sentencia del Tribunal Supremo dice lo siguiente:

1. Comparte con nosotros, y con el Ministerio Fiscal, que en la sentencia de la instancia anterior no se había motivado suficientemente qué expresiones eran ofensivas y hasta qué punto menoscaban el honor de la SGAE, lo cual causa indefensión.
2. Procede a dictar nueva sentencia, y en ella, estima el recurso al entender que prevalece el derecho de información y la libertad de expresión sobre el derecho al honor de la SGAE, y más visto el caracter público de la sociedad, lo controvertido de sus actuaciones y los procesos judiciales abiertos contra responsables de la SGAE.

Hay dos párrafos de la sentencia especialmente signficativos:

Por tanto esta Sala considera que los términos empleados pudieran
resultar literal y aisladamente inadecuados, pero al ser puestos en relación
con la información difundida y con el contexto en el que se producen, de crítica
a la actividad desarrollada por una entidad, hacen que proceda declarar la
prevalencia del ejercicio de la libertad de expresión frente el derecho al honor
del demandante.

En conclusión, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal,
las críticas controvertidas sobre el modo de actuar de la SGAE, fueron
recogidas por diversos medios de comunicación, y existen en la actualidad
procedimientos abiertos contra directivos de la entidad por lo que tenían un
fondo de realidad que debe conocer la opinión pública, es lo que hace que
en el presente caso deba prevalecer el derecho fundamental a la libertad
expresión.

Obviamente es una liberación. Que le demanden a uno nunca es agradable. Perder en dos instancias, menos todavía. Sin embargo, que te den la razón en el Supremo después de tanto tiempo es una grandísima satisfacción. Tengo que agradecérselo especialmente a Javier Maestre y Carlos Sánchez Almeida mis abogados en este proceso. Han sido combativos, han buscado los argumentos legales necesarios, no se han rendido y al final han conseguido una gran victoria legal. Muchas gracias también a todos los que me habéis apoyado durante todos estos años. Los que publicásteis en vuestros blogs que “todos somos Julio Alonso“, los que con la primera sentencia os declarásteis positeros, los que os hicísteis eco del caso, los que me mandásteis mensajes por todos los medios, los que cuando parecía perdido, incluso os ofrecisteis a contribuir con dinero para pagar los 9.000 euros que me demandaba la SGAE.

Cuando empezó todo esto ya conté que me habían demandado sólo porque mi post era el primer resultado en la búsqueda Google=ladrones una vez que Google modificó su algoritmo para acabar con los Google Bombings. Me tocó a mí, y decidí librar esta batalla jurídica. Porque pensaba que tenía razón, porque me parecía que era un atropello y porque sabía que yo podía permitírmelo, pero que si le llega a tocar a un chaval que vive con sus padres posiblemente no habría tenido más remedio que retirar el post y plegarse a las exigencias de la SGAE. En cierta medida yo estaba haciendo de barrera. Estaba defendiendo el derecho de todos a ejercer la crítica en internet. Estaba defendiendo la libertad de información y de expresión de todos los que publicamos en internet. Creo que, en ese sentido, esta sentencia supone un importante precedente.

La demanda pretendía que se retirasen de internet textos críticos con la SGAE, bien porque lo ordenase un juez, bien porque el propio Google retirase los enlaces o bien porque los autores nos autocensurásemos por miedo a una demanda. Creo que han conseguido justo lo contrario. Y el tiempo ha demostrado que, tanto yo como los comentaristas que dejaron sus opiniones en aquel post, no andábamos nada desencaminados.

Los derechos y las libertades no son gratis. Costó mucho conseguirlos y costará también mantenerlos. Hay que ejercitarlos. Hay que defenderlos. Hay que luchar por ellos. Hay que unirse para hacerlo y hay que ayudar a los que lo hacen, aunque a ti en ese momento no te afecte. Y hay que estar dispuesto a perder algo para defenderlos.

Más Información: Texto de la Sentencia | Antecedentes del caso

Esta mañana Rosa Jiménez Cano me ha pedido una breve columna sobre el caso Megaupload que ha publicado El País en su sección de tecnología. Lo cierto es que se me hace raro escribir con una longitud predefinida, pero creo que el artículo resume bien mi posición sobre esto. Si se demuestra ante un juez que ha habido lucro ilegítimo aprovechando sin autorización obras de terceros me parece bien que respondan de ello. Ahora, me preocupa la repercusión sobre clientes y sus materiales lícitos y dudo de la eficacia de la medida para cambiar los hábitos de consumo de contenidos online de los usuarios.

También publica El País columnas interesantes de Enrique Dans, Paloma Llaneza. Por otra parte recomendaría leer el post de Carlos Sánchez Almeida en Jaque Perpetuo de El Mundo, que también aparece citado en el Wall Street Journal y la opinión de Javier de la Cueva, recogida en un artículo de El Economista. Otro punto de vista, el de Juan Varela y, por último, el post de Delia Rodríguez cargadito de enlaces para entender el tema.

La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE – siempre defendida por el Ministerio de Cultura – se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.

Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.

Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.

Los gobiernos van y vienen. La red resiste.

Hoy acababa el plazo para presentar el recurso de apelación casación de la sentencia en segunda instancia que me condenaba por las ofensas de comentaristas de este blog a la SGAE en el post de título SGAE=Ladrones. Y hoy lo hemos presentado. La casualidad ha querido que justo hoy la Guardia Civil haya entrado a registrar la sede de la SGAE a raiz de una demanda de la fiscalía anticorrupción.

En el recurso se habla de las intenciones de la SGAE al presentar demandas como este caso, que no es la de ir contra los autores de las ofensas, sino la de instaurar un régimen en el que nadie se atreva a criticar sus actuaciones. Se hace hincapié en que no se han identificado las ofensas, en que no se ha hecho ningún esfuerzo por intentar localizar a sus autores. Y también se hace alusión a la falta de justificación, a la invención de varios supuestos de responsabilidad atípicos, como la figura del “colaborador necesario” y, en la desestimación del recurso “la incitación a la crítica”. Y por último también se menciona que no se aplica la LSSI ni se entra a ver si hubo o no conocimiento efectivo.

Creo que es interesante hacer público el texto del recurso vista la actualidad del asunto.

Texto íntegro | Casación Sentencia SGAE=Ladrones

Si me manifiesto en la calle es porque:

• Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa.
• Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad.
• Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.
• Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica.
• Está a punto de firmarse un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.
• Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.

Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:

• Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones importantes.
• Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos, decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos públicos.
• Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política.
• Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.
• Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de privilegios fiscales a cargos electos.
• Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de vivienda.
• Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.
• Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de manipulación mediática.

Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.

Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo (enlace al documento original)

Manipulación
Cuando ayer hablaba de manipulación no me refería a que piense que David Maeztu ha manipulado. Creo ha cometido errores de juicio a la hora de actuar unilateralmente y en secreto. Ricardo Galli da un buen repaso a esa cuestión. Tampoco me consta que Alex de la Iglesia haya intentado manipular. Ha intentado conseguir una solución a este asunto que sirva a los intereses de los de su sector, como se supone que debe hacer. Quizás no haya terminado de entender que para conseguir una alternativa que pueda ser aceptada por los internautas el proceso es muy importante y no se pueden hacer las cosas en secreto o en petit comité. Tampoco creo que manipulase la Cadena Ser. Ellos se limitaron a recibir una información de una fuente, contrastarla con las partes y, al ver que no había noticia, no publicaron. Quien manipuló fue quien filtro a la SER no lo que pasó (que David Maeztu había preparado una propuesta que gustaba a la industria y esta se lo había pasado a los políticos), sino que había una posición común de los internautas negociada por los de la reunión de Alex de la Iglesia. Ese era el intento de manipulación. Que, afortunadamente, se desactiva en cuanto se publica. Hay quien apunta a que no fue un intento de manipulación intencionado, sino un teléfono estropeado. Yo no estoy tan seguro.

Creo que el relato que hace Fernando Berlín es bastante acertado: Y la red se incendió de nuevo

Sobre el fondo de la propuesta
Anoche me vi el gráfico y me leí la propuesta de David con cierta prisa. Esta mañana la he leído con más calma y la he comentado con un par de personas. Mi conclusión es que, aunque formalmente puede ser mejor, en la práctica es igual, o incluso peor. Me explico.

Hay que reconocer que esta propuesta tiene la ventaja sobre la anterior de eliminar la capacidad de la comisión para ordenar el cierre de webs. Entendamos bien qué supone esto, porque es importante: no puede ordenar a un proveedor de alojamiento que desconecte una máquina o a un ISP que deje de enrutar tráfico a una IP. Cosas que sí que podía hacer con la redacción anterior. También parece que, en vez de buscar el cierre de webs, se busca eliminar contenidos concretos. También podría ser un paso en la dirección adecuada. Estas dos cosas, por sí solas serían positivas. Pero es que no vienen “por sí solas”.

Junto a esa mejora, la propuesta de David crea un mecanismo distinto que posiblemente permita los mismos resultados aunque por otra vía. Para decir toda la verdad, en realidad no es un mecanismo que cree su propuesta. Es un mecanismo que se encontraba latente en la LSSI pero que nadie se había atrevido hasta ahora a utilizar. La explicación es un poco larga, pero merece la pena. La LSSI, en sus artículos 16 y 17 dispone el régimen de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios en internet (tu proveedor de alojamiento, tu ISP, la página que enlaza a tu contenido, básicamente cualquier actor de internet que se relaciona contigo). Esto es, en que condiciones estos no son responsables de las cosas que hagan sus clientes o usuarios. Sin esa exención, serían responsables de cualquier contenido de sus clientes y usuarios y, por lo tanto, apenas habría contenidos de terceros. Bien, en esos artículos se afirma que están exentos de responsabilidad mientras no tengan conocimiento efectivo o si lo tienen y actuan en consecuencia. Y para determinar si hay conocimiento efectivo establece lo siguiente:

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución…

Hasta ahora no se había definido concretamente quién era esa autoridad competente. En su momento se intentó infructuosamente que en el texto no dijese “autoridad competente” sino “autoridad judicial”. Precisamente por lo que viene a continuación. En el texto de Maeztu se da expresamente condición de autoridad competente a estos efectos a la Comisión de Cultura. Pero no sólo eso, se cambia la redacción para que haya conocimiento efectivo cuando la comisión indique que hay meramente “posible lesión de derechos de terceros” (mientras que en la redacción actual dice sólo “lesión”). Se amplia la responsabilidad de prestadores a los gestores de publicidad (art. 17 Bis LSSI) y se faculta a los tenedores de derechos a actuar legalmente contra los terceros con conocimiento efectivo (art. 138 LPI):

Además, el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá iniciar las medidas descritas en el párrafo anterior, así como exigir la indemnización de los daños causados, contra aquellos que, con conocimiento o teniendo motivos razonables para conocer, induzcan, faciliten, cooperen o contribuyan de cualquier forma a la infracción de derechos producida por cualquier tercero.

Todo el que se relacione con un pirata, será acusado de piratería
¿Os suena del principio de Piratas del Caribe 3? Pues esto es parecido. Pero, ¿no habíamos quedado que la Comisión no podía cerrar webs? Bueno, así es, pero lo que ahora hace es decirle al prestador de servicios: “tú verás si cierras o no, es decisión tuya. Ahora, como haya un juicio y resulte que el enlace (el contenido o lo que sea) sea ilegal, eres tan responsable como el que lo ha colgado”. ¿Qué pensáis que va a recomendar hacer el 99,99999% de los departamentos jurídicos de empresas de internet? Ante el mínimo riesgo jurídico, eliminemos el enlace o el contenido. Se consigue el mismo efecto sin tener que ir al juez, sin tener que esperar y sin que la comisión tenga que cargar con la responsabilidad de haber cerrado nada. El miedo hace el trabajo por ellos. La extensión del riesgo jurídico a todos los prestadores de servicios.

El problema de fondo de esta regulación es que, de nuevo, basta con una presunción de “posible lesión”, dictaminada por la comisión, para que surtan los efectos que busca la industria: que la página en cuestión deje de estar accesible. A mí no me parece mal que suceda eso, pero siempre después de que un juez haya determinado que existe una lesión de derechos y por lo tanto una actividad ilegal. Nunca antes. De nuevo, intentamos saltarnos a los jueces. Y así no vale.

¿Y los enlaces? No habíamos quedado que los enlaces eran legales y que todos los jueces lo han determinado así. Es cierto. Pero con este mecanismo da igual. El departamento de asesoría jurídica de tu proveedor de alojamiento no se va a andar con matices, no van a asumir el riesgo jurídico, por muy remoto que sea. Por si acaso eliminan el contenido en cuestión. Y si luego resulta que era legal ya lo volverán a subir, si acaso.

La libertad de expresión vuelve a estar amenazada
Y, para colmo, en esta redacción, perdemos la protección de derechos fundamentales que se introdujo en la segunda versión del proyecto de Ley Sinde. Ahora no hay intervención de un juez para determinar si hay conflicto con derechos fundamentales. Esto es, si El País, por poner un ejemplo, publica o enlaza a contenidos de terceros (Wikileaks por ejemplo), se puede denunciar a la comisión, esta lo notifica y, a partir de ahí, cualquier prestador de servicios involucrado que “induzca, facilite, coopere o contribuya de cualquier forma a la infracción de derechos” también será responsable.

Salvo que yo me esté comiendo algún detalle importante (que entra dentro de lo posible), mucho me temo que el problema con esta propuesta no son sólo las formas y el proceso, es también, y sobretodo, el contenido.

Actualización 24 enero 2011: anoche el usuario de Twitter Maeztufacts publicó el pdf completo que David Maeztu envió a Alex de la Iglesia. La propuesta en sí es la misma que ya publicó David Maeztu, pero el texto anterior de explicación revela que los temores que teníamos sobre el mismo eran más que fundados.

Referencias: Propuesta de David Maeztu | Versión anterior de la Ley Sinde (pdf) | LSSI, LPI | Texto completo de la propuesta de Maeztu

Me acaba de llamar hace como una hora una periodista de la Cadena Ser para decirme, más o menos textualmente, que “los internautas que estuvieron en la reunión con Alex de la Iglesia han enviado a Rubalcaba y a Saez de Santamaría un documento de mínimos para que la Ley Sinde se apruebe”. Tal cual. ¿Es cierto? Absolutamente falso. Ahora, ¿de dónde sale esta historia?

El pasado 30 de diciembre acudí a la famosa reunión que convocó Alex de la Iglesia con distintos internautas para que le contásemos nuestros puntos de vista sobre la Ley Sinde. En esa reunión David Bravo y David Maeztu explicaron desde el punto de vista legal por qué la ley era una aberración, y los demás explicamos por qué todo internet está en contra y discutimos sobre la evolución de los modelos de negocio y por qué es tan importante que cambien su postura. Fue una reunión con abundante publicidad, con periodistas a la entrada y a la salida, con twitter y con fotos. Desde ese día 30 de diciembre no había vuelto a saber nada más de Alex de la Iglesia o del resto de participantes.

Hasta que esta mañana me llama David Maeztu y me cuenta que lleva como una semana trabajando en una redacción alternativa (más favorable para internet me dice) de la Ley Sinde. Me cuenta después que la ha visto ya con Alex de la Iglesia y con Pedro Pérez y que a estos les convence. No sólo eso, sino que parece que se la han pasado a los políticos y que posiblemente se apruebe el lunes en el Senado. Me cuenta que quiere que nos veamos mañana sábado para contárnoslo de primera mano a Enrique Dans a Nacho Escolar, a Javier de la Cueva y a mí. Hace mucho hincapié en mantener la discreción y en que la reunión y su contenido no trascienda. Me empieza a dar mala espina. No estoy cómodo. Más tarde me cuenta que Javier de la Cueva no va. Me pongo más nervioso. Me cuenta que es en un despacho de abogados especializados en propiedad intelectual que defiende habitualmente las posturas de la industria. Me saltan todas la alarmas. Hablo por teléfono con Enrique y con Nacho. Nos suena a trampa. Aunque no lo decimos estoy convencido de que todos pensamos en la desafortunada reunión con Leire Pajín a la que tuve la suerte de no acudir. Si la cosa ya está hecha, no hemos participado, no podemos negociar nada (no sólo porque no parece que sea ese el objeto de la reunión, sino porque, como no nos cansamos de repetir, no representamos a nadie más que a nosotros mismos), y, además, al no ir Javier de la Cueva no va a haber ningún experto jurídico externo que analice el texto, ¿qué sentido tiene ir? Decidimos declinar la oferta.

Cuando esta noche me llama la periodista, ato cabos y me doy cuenta de que nuevamente hay en marcha un intento de manipulación. Alguien les ha contado el cuento de la negociación e intentan dividir o dar a entender que hay una ley acordada por ambas partes. Posiblemente David haya sido utilizado en todo esto, no lo sé. Imagino que ha pensado una redacción alternativa de la Ley que para él tenía más sentido que la actual, se la ha pasado a la industria pensando que se podía construir algo positivo con eso, y a partir de ahí alguien ha jugado con él. Y ha intentado jugar con todos los demás. Lo que sé seguro es que no ha habido ningún texto de los internautas. Ni de un grupo de internautas. Al menos yo no he participado ni ninguna de las personas que conozco y con las que lo he hablado antes de escribir esto ha participado. No ha habido reuniones, no ha habido textos compartidos o circulando. Si mañana veis mi nombre en alguna noticia diciendo que he negociado con el PSOE o con el PP es falso.

El lunes imagino que me enteraré del texto famoso por la fuente periodística habitual. Y cuando sepa de qué va opinaré, como suelo hacer.

Más información
Enrique Dans: ¿Negociación? ¿Qué negociación? ¿Pero qué me estás contando?
David Bravo: No participé en operación de maquillaje alguna de la Ley Sinde
Alex de la Iglesia: en twitterlong
David Maeztu: Quien me mandará a mi… y Propuesta alternativa a la Ley Sinde

Esta mañana he estado en la reunión que Alex de la Iglesia ha convocado en la Academia del Cine. A esa reunión hemos acudido trece personas. Tres personas (Alex de la Iglesia, Eduardo Campoy y Pedro Pérez) representaban a la academia o a la industria; había dos más relacionados con el cine (Juan Carlos Tous de filmin.es y Nicolás Alcalá de El Cosmonauta), tres abogados (David Bravo, David Maeztu y Josep Jover), Victor Domingo presidente de la asociación de internautas y otros cuatro de distintos ámbitos de internet: Francisco George, del grupo Manifiesto de Facebook y del Partido Pirata, Ramón Puchades, Mercedes Hortelano, de Reddeideas.org y yo mismo. ¿Por qué estaban ahí esas personas y no otras? Porque son aquellas que han podido y querido ir, de aquellas a las que había invitado Alex. ¿A quién representan? A sí mismos o a sus organizaciones. Igual que en la otra parte tampoco representan a toda la industria de contenidos. No se trataba de representantes para una negociación. Más bien de interlocutores para un diálogo.

¿De qué hemos hablado?

Hemos empezado hablando de la Ley Sinde. David Bravo, secundado por David Maeztu y luego un poco por todos ha explicado muy didácticamente por qué la Ley Sinde no vale. Por qué no resuelve el problema que la industria quiere resolver y por qué genera otros problemas nuevos. Ha explicado también que es tal el desbarajuste que no es susceptible de ser arreglado con unos pocos cambios en el Senado. También ha explicado muy bien cuál es el ámbito de actuación del juez y cómo no entra en el fondo de la materia sino que sólo se pronuncia sobre la afectación de derechos fundamentales.

Luego hemos pasado a hablar de los cambios de la tecnología, de los hábitos de los usuarios y, como consecuencia de ello de la industria. Hemos hablado de modelos de negocio posibles y también hemos intentado desmontar algunas falacias muy instaladas. Los asistentes de la industria han demostrado un talante muy dialogante, han compartido sus preocupaciones, pero también han hablado de hacer cambios, de ceder, de modificar cosas.

Hemos explicado que muchas de las medidas impulsadas hasta ahora por la industria, desde el canon a la ley sinde, son percebidas claramente por la sociedad civil en internet como una agresión, y por lo tanto generan una repuestas a la contra. También hemos aclarado que el problema de la industria no se resuelve por la vía legislativa, sino compitiendo con un producto mejor contra los contenidos a los que acceden los usuarios al margen de la industria. Ahora, hay que cambiar cosas. Y habrá víctimas (negocios que cerrarán y puestos de trabajo perdidos), igual que ha sucedido en todos los procesos de cambio tecnológico en otros sectores. Cuanto antes nos pongamos a ello, menos serán.

Hemos hablado también, aunque muy brevemente, sobre otras soluciones legislativas. Sobre la comisión sobre propiedad intelectual en el parlamento, e incluso sobre el canon a las conexiones adsl. Hemos hablado de que urge abrir un diálogo entre todas las partes para definir cuál debe ser el encaje de los derechos de autor en el escenario tecnológico y social actual. Y dentro de eso considerar si es necesario hacer cambios legislativos y cuales.

Conclusiones

Creo que el mero hecho de que se haya celebrado esta reunión es un buen paso adelante, y hay que agradecérselo a Alex de la Iglesia. Hemos tendido puentes de conversación por primera vez. Nos ha permitido también ver que al otro lado no hay un bloque monolítico de opiniones radicales. Puede haber algunas personas que, sin dejar de defender sus intereses y los de su industria, están dispuestos a dialogar y a intentar entender nuestra posición.

Me quedo también con el mensaje de que hay radicales en ambos lados. Cada vez que alguien acusa a los usuarios de piratas hay un número de ellos que deciden no volver a pagar nunca por nada. Si conseguimos evitar los radicalismos y centrarnos, como decía David Bravo, en trabajar en buscar soluciones a los problemas que sí se pueden resolver (cómo genera alternativas de consumo de productos culturales en internet dentro de la industria que satisfagan a los usuarios) y no en los que no se pueden resolver (cómo conseguir que nadie acceda a mis contenidos sin pagar), estaremos en vías de encontrar solución a esto.

Obviamente sigue habiendo diferencias. Nosotros tenemos clarísimo que la Ley Sinde no vale, ni siquiera enmendada. Ellos han entendido mejor nuestra postura. Nosotros la suya. Alex de la Iglesia decía acertadamente que para que esta situación se resuelva habrá que hacer cesiones por ambas partes. Ese puede ser un camino.

Mientras, soy razonablemente escéptico de que esta reunión tenga impacto en el proceso de aprobación de la la Ley Sinde en el Senado. Los diálogos y los consensos a los que se refiere hoy mismo Zapatero son de índole política entre el PSOE y PP y/O CIU y tienen poco o nada que ver con lo que hemos estado discutiendo hoy. Si finalmente se aprueba como está o retocada ligeramente, habremos continuado con la política de agresión a los usuarios y de radicalización de las posturas en ambos lados. Espero que no sea así.

Foto | El Cosmonauta

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

• Se mantiene la creación de la SS (Sección Segunda) de la Comisión de Propiedad Intelectual y su habilitación como autoridad competente para las funciones previstas en el artículo 8 de la LSSI – Punto 4.2. Esto es, que todos los cierres previstos en la LSSI, para los cuales era necesaria intervención judicial, ahora los puede hacer la Comisión.
• Se mantiene la inclusión de la protección de la propiedad intelectual entre los supuestos para cerrar webs – Punto 1.
• Se mantiene la obligación para los ISPs de facilitar los datos que permitan identificar al propietario de la página – Punto 2.2.
• Quien decide sobre el fondo de la cuestión es la Comisión (de la “Sinde Inquisición” la llaman ya en twitter) – Punto 7.2
• La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sólo entra a valorar si ejecutando el cierre acordado por la Comisión se vulneran la libertad de expresión o de información del propietario de la página (lo recogido en el artículo 20 de la Constitución Española) – Punto 7.2. No opina sobre si efectivamente se está vulnerando o no los derechos de propiedad intelectual ni sobre si se vulnera otro derecho fundamental que no sea los del artículo 20 (como podría ser el Derecho a la intimidad del artículo 18)
• La Comisión puede decidir el cierre de cualquier web “con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial” – Punto 4.4. Esto es, puede cerrar cualquier web, porque esta formulación es una auténtica prueba diabólica.

En Derecho se conoce como prueba diabólica aquella que exige al acusado probar algo que es imposible probar. Por ejemplo demostrar que algo no ha sucedido. Algo así pretende la Comisión. Por una parte se inventa el concepto de “ánimo de lucro indirecto”, que hasta dónde yo sé no existe en nuestro ordenamiento jurídico, posiblemente para intentar abarcar o bien la publicidad o incluso alguna interpretación más enrevesada, como la utilidad no económica. Pero además, y esto es lo más grave desde mi punto de vista, se añade a quien “pretenda causar un daño patrimonial”. Esto es, si la Comisión estima que la web pretende causar un daño patrimonial ya puede cerrarse. Esta claúsula, posiblemente, pretenden usarla para poder cerrar cualquier web que estimen que les causa perjuicio económico y que ha sido previamente advertida (si no ha retirado el contenido sabíendolo es que nos quiere perjudicar). Esto incluye a webs sin publicidad, a enlaces y prácticamente a cualquier tipo de página web.

Esta ley, con esta redacción, es un cheque en blanco a las entidades de gestión para que puedan cerrar con plazos breves y a cuenta del Estado cualquier web que se les antoje. Es intolerable.

Estoy francamente decepcionado. Abc.es publica un artículo sobre el debate al que me invitó ABC ayer que duró un par de horas y, no sólo no veo una sola de mis afirmaciones en él, es que sólo me citan para mencionar cosas a las que me oponía, y ni siquiera todas ellas. Leyéndolo se comenta varias veces asuntos en los que todos estábamos de acuerdo (el papel central del autor en la industria o la culpa de las telecos) con las que para nada comulgo y que, en un caso ni se mencionó y en otro estábamos medio de acuerdo. Esto es, los representantes de las entidades de gestión estaban de acuerdo y yo no. Visto que no me veo para nada representado, no me queda otro remedio que intentar reconstruir en base a mis notas y mi memoria como fue el debate.

Hace unos días me llamó Inés Martín de ABC para invitarme a un debate sobre la polémica sobre la Ley-Sinde (la disposición adicional introducida en el anteproyecto de ley de economía sostenible que otorga a una nueva sección de la comisión de propiedad intelectual la potestad para cerrar webs por vulneración de derechos de autor). En el debate iba a estar un representante de la Coalición de las entidades de gestión, un abogado de su parte, estaría yo, y me pedían referencias de un abogado de “nuestra parte”. Después de pasar por los nombres que os podéis imaginar, que están todos fuera de Madrid, y que ninguno podía venir, al final les propuse que invitaran a Paloma Llaneza. Si bien no coincide 100% con nuestras posiciones, tampoco compra las de la otra parte y ha sido muy crítica con el proyecto en muchos aspectos. Preveía pues una ligera desventaja, pero, inocente que es uno, pensé que se podría superar con energía y convencimiento y con la imparcialidad del medio anfitrión.

Llegué al debate el primero y poco a poco me fui dando cuenta de que la cosa no era exactamente como la esperaba. Resulta que al debate venían José Antonio Suárez abogado y secretario general de EGEDA, Joan Navarro, director de la Coalición y Alex de la Iglesia. Por unos momentos incluso parecía que Paloma no se incorporaría. El debate quedaba ya claramente descompensado. Tres ponentes curtidos por un lado (he coincidido ya en debates con todos ellos) contra mí y la ayuda que Paloma me diera (que al final afortunadamente fue bastante). Para iniciar la acción un responsable de ABC lo encuadró en (cito de memoria) “el tradicional respeto de esta casa por todas las propiedades, incluida la propiedad intelectual”, aunque también matizó que “había ciertos cambios a consecuencia de internet que posiblemente hacían necesarios planteamientos nuevos”.

Inés abrió el debate preguntando qué nos parecían las medidas propuestas por el gobierno. Empezó respondiendo Suárez alegando que el gobierno lleva un retraso de 8 años en tomar medidas sobre esta materia, que al fin lo están haciendo, que somos uno de los países con mayores índices de piratería, que estamos en la lista negra de EE.UU… Paloma y yo saltamos a contestar que no hay estudios independientes que demuestren eso, que los únicos estudios al respecto son los que elaboran ellos que además luego se los facilitan a EE.UU. para que nos ponga los primeros de la lista. La contestación de Suárez a esto fue de nota: citó a McCarthy y su frase “un comunista en el departamento de estado es ya un comunista de más“ para a continuación añadir “una sóla descarga ya es demasiadas descargas”. Así, descargas en general, sin matizar. Por lo menos queda claro cuales son sus fuentes de inspiración.

Alex de la Iglesia siguió con la cantinela habitual de los muchos empleos que se están perdiendo en su sector, de las situaciones tan críticas, de la urgencia de actuar contra esto… Joan Navarro siguió con que la piratería era un robo vergonzoso…

Paloma Llaneza puso sobre la mesa la chapuza jurídica que representa la ley (ha escrito en su blog, pero más sobre sus conclusiones a posteriori que sobre el debate en sí). Textualmente dijo que en España se legisla “a tontas y a locas” y que por intentar hacerlo rápido al final no es eficaz y tendrán que volver a iniciar de cero. Navarro decía que las medidas (que afirmaba no conocer a priori) eran de cirujia de precisión (yo le dije al vuelo que no se hace cirugía de precisión con una sierra mecánica) y que habían sido estudiadas al milímetro por muchos abogados del Estado. Suárez argumentaba que mejor hacerlo mal pero hacer algo y De la Iglesia convenía en que era importante hacer algo ya, aunque no fuera fino. Puso el ejemplo de un amigo que quería hacer cine pero bien y nunca había hecho una película. Yo repliqué que ese criterio para hacer películas podía estar bien, pero para otras cosas no. Que seguro que no le gustaba ese criterio para guiar la actuación de un cirujano, y que legislar sobre materias tan delicadas como esta era algo parecido. Y que en este caso no se puede actuar precipitadamente para defender los intereses de unos pocos y con ello perjudicar los derechos de los ciudadanos y los intereses económicos de las empresas del nuevo entorno.

Me tocó opinar a mí y dije que lo fundamental de este proyecto es que transfiere potestades que en nuestro ordenamiento son claramente del poder judicial al ejecutivo y con ello contribuye a erosionar aún más la división de poderes tan básica para la democracia. Expliqué que tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Una es como se deben regular los derechos de autor en un contexto nuevo, que es un debate que se debe tener con tiempo, con publicidad y con participación de todas las partes implicadas. Y otro debate distinto y más urgente que es sobre las medidas que se intentan implantar sobre esta cuestión.

A partir de ahí Alex de la Iglesia se fue desatando con metáforas y frases-titular con un nivel de demagogia muy elevado: que si parecía que la propiedad intelectual no fuera igual que el resto de propiedad (que será porque no lo es), que si se respetaba más a la agri-cultura que a la cultura, que si las descargas son como un alunizaje en una joyería con un Hummer… Además de esto, los tres ponentes de la otra parte se esforzaban por intervenir uno detrás de otro para que no tuviera posibilidad de ir contestando y desmontando sus afirmaciones. No tengo el cronómetraje del debate, pero dudo seriamente que mi tiempo de intervención llegase al 20%. Unido a eso, sufría interrupciones constantes cada vez que enlazaba tres palabras seguidas, en especial por parte de Alex de la Iglesia. Tan fue así que en un momento del debate tuve que levantarme y decir que así no seguía debatiendo.

Inés Martín nos preguntó más adelante si había algún area en la que pudiéramos estar de acuerdo. Yo dije que sí, que yo personalmente creía en los derechos morales del autor (a que se reconozca su autoría y se mencione, a que no se plagie) y también en el derecho a evitar que otros se lucren con la difusión de sus obras. Ahora, aclaré, esto no se puede intentar alcanzar sin todas las garantías judiciales y además y esto es muy importante, sin criminalizar el enlace. Expliqué que el enlace es fudamental para la web como la conocemos. Hice mención a cómo era internet antes, en tiempos de Gopher, Telnet y demás. Sí, y Mosaic decía Suárez. No, Mosaic ya era web y enlaces (obviamente no lo había entendido pero había oído flautas). Navarro saltó oportunista que entonces estábamos todos de acuerdo y que no se hablase más. Pero no es así. Por un lado porque lo que pone en el anteproyecto se parece como un huevo a una castaña a esto que estábamos diciendo. En segundo lugar porque lo que la Coalición entiende por “que alguien se lucre con la difusión de obras de terceros” y por “no criminalizar el enlace” es muy pero que muy distinto de lo que entiendemos nosotros. Así se lo hizo ver Paloma Llaneza.

El debate terminó con los representantes de la otra parte al unísono afirmando que no se iba contra los usuarios (lo clásico) y que lo que pasaba era que el público estaba muy desinformado y que había que educarle. Imagináos como sonaba de ridículo que la propia Inés Martín le respondió que la gente no estaba desinformada, que al contrario, que este tema había suscitado un nivel de protesta en internet no visto anteriormente. La coletilla final fue el ya clásico “hay que seguir el dinero” de Alex de la Iglesia y la acusación también de los tres representantes de las entidades de gestión de que las grandes culpables son las operadoras de telecomunicaciones.

Me llevo una sensación más bien amarga de mi participación en el debate. Lo siento por Inés Martín, porque no creo que fuera su intención. Aunque si es verdad que noté en otras personas de ABC presentes un nivel de reverencia a los otros tres participantes ciertamente significativo. Para la próxima vez tengo muy claro que me llevaré mi propia grabadora y que según qué medio me negaré a asistir si las composiciones no son absolutamente equilibradas.

No cuela por varios motivos:

1. El procedimiento descrito en el artículo de El País se introduciría por vía reglamentaria, no en la propia Ley. Esto es, el texto que se filtró en diciembre se mantendría tal cual. Sin mover una coma, como aseguró en la reunión del ministerio Guillermo del Corral, director de política e industrias culturales. El problema fundamental de esto es que un reglamento no pasa por el parlamento, se aprueba (o se cambia) en el ministerio o en consejo de ministros. No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor. Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento. Si la ley es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional independientemente de lo que diga el reglamento.
2. Lo que preve el procedimiento es que un juez entienda sobre si hay legitimación para pedir un cierre cautelar y si se hay derechos fundamentales en juego. No entra sobre el fondo de la materia. El procedimiento de medidas cautelares ya existe en la legislación actual y es aplicable a los temas de derechos de autor (David Bravo explica cómo ha sido utilizado por las entidades de gestión hasta ahora). Y su plazo de resolución es relativamente rápido (dos meses), un plazo similar al que se espera que tuvieran con el sistema propuesto. El problema pues no es el plazo, el problema que se intenta resolver es que los jueces se obstinan en no darle la razón a las entidades de gestión.
3. Con el procedimiento actual, si se procede al cierre cautelar y el juez determina finalmente que no tenía razón el demandante, este tiene que indemnizar al demandado. Con el nuevo procedimiento la indemnización la pagaría la administración, esto es, todos nosotros.
4. No queda claro quien entendería sobre el fondo del asunto. No es lo mismo que lo haga un juez (en cuyo caso para qué tanto lío) o que lo haga la propia comisión (que aunque no se diga parece que es lo que se pretende).
5. Manteniendo la redacción actual se mantiene la equiparación de la defensa de la propiedad intelectual con la de otros bienes jurídicos de muchísimo mayor calado, como son la seguridad nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la infancia (art.8 LSSICE), y merecedores de distintos niveles de protección. Especialmente si dicha protección se debe dar poniendo en juego la protección de derechos fundamentales. Estamos intentando vestir de interes general lo que no es más que el interés particular no ya de un sector industrial, sino de un grupo de empresas con una cierta interpretación de los negocios en dicho sector (y con intereses creados y fuertes contactos en la administración y en la política).
6. Se mantiene la inseguridad jurídica de todos los que tenemos empresas en internet. Si el cierre es cautelar, el daño que se produce con el cierre de la página, que es el elemento fundamental de nuestros negocios, es irreparable. ¿En estas condiciones se pretende que el sector se desarrolle?

Y como cierre, ¿por qué en España tenemos dos ministerios de industria? Uno para todos los sectores industriales y otro sólo para la industria cultural. Porque el Ministerio de Cultura es eso, el ministerio de la industria cultural (según el modelo del siglo XX, para acotar con mayor precisión). Las políticas que cabría esperar de un ministerio de cultura (promoción de la difusión de la cultura) están o totalmente ausentes o totalmente subordinadas a la defensa de los intereses económicos de unos pocos rentistas (que no creadores) de la propiedad intelectual de terceros. ¡Qué triste!

Más información | Enrique Dans: La política del maquillaje, David Maeztu: ya tenemos intervención judicial previa al cierre de webs y David Bravo: la reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda

¿Cómo surgió esta reunión?
Anoche apresuradamente y a última hora nos llamaron a unos cuantos para ir esta mañana a una reunión en el Ministerio de Cultura. Los convocados somos gente de internet de procedencia diversa: hay bloggers, periodistas, empresarios… Lo que se ha dado en llamar La lista de Sinde. ¿A quién representábamos? En realidad cada uno a sí mismo y puede que ni eso. Pero yo creo que en conjunto sí que hemos sido capaces de hacer llegar al ministerio el sentir de mucha gente en internet.

¿Cómo fue la reunión?
La verdad es que ya antes de ella no teníamos unas expectativas muy altas de ir a conseguir gran cosa en esta reunión, pero la palabra que define nuestro estado de ánimo al salir es decepción. La reunión empezó con la ministra llegando tarde. Se quedó durante una media hora o algo más y se fue antes de que acabase, a inaugurar un Museo y con el gesto algo torcido, o al menos eso me pareció a mí. Después de la salida de la ministra la interlocución fue con Guillermo del Corral Van Damme, Director de Política Cultural. Tras otra media hora aproximadamente, y cuando varios de los convocados se habían marchado y otros estábamos ya de pie, se cerró la reunión sin ningún acuerdo ni siguientes pasos marcados y con, por así decirlo, todas las espadas en alto.

La postura del Ministerio
El Ministerio declara que su objetivo es la promoción de la cultura en internet y que son neutrales respecto a los distintos modelos de negocio (de pago, de acceso gratuito). Justifican esta medida, que aseguran llevar preparando durante meses y haberla consultado ampliamente (aún no sabemos bien con quién), en que así se genera seguridad jurídica (tal cual). Su posición es que ellos no tienen ninguna intención de modificar el anteproyecto de ley ni de retirar la disposición adicional primera. Tampoco están dispuestos a sacarla de la ley de economía sostenible para discutirla y obtener mayor consenso de cara a su aprobación más adelante. La única vía de modificación que admiten es la transacción con otros grupos en el trámite parlamentario. Ofrecen tener en cuenta a los que estábamos en la reunión en la posterior tramitación del reglamento. Y, para rematar, ponen sobre la mesa un presupuesto de 30 millones de euros (si me falla la memoria que me corrija alguno de los presentes) para promocionar la cultura en internet. En especial para crear un, palabras textuales, “super-portal de contenidos culturales”.

Afirman también que el objetivo fundamental de la ley es perseguir, no ya a las webs de enlaces, sino a las webs de pago que proporcionan contenidos en streaming (que según mis cálculos rápidos no deben llegar ni a 20 en total). Para ello cerrarían webs e incluso ordenarían a los proveedores de acceso el bloqueo de webs alojadas en el extranjero. Ante nuestra comparación de dicho fenómeno con la situación de internet en China nos han respondido: “esto no es nuevo, es algo que ya hacemos”.

Por último, su pretensión es que la ley quede tal cual, y luego incorporar garantías de todo tipo y color en el reglamento que la desarrolle. Incluso se ha llegado a insinuar que alguno de los componentes de la citada comisión podría provenir del mundo de internet.

Mi opinión personal
Desde mi punto de vista lo que es inaceptable es que el procedimiento para cerrar webs en internet no tenga las mismas garantías que el procedimiento para cerrar medios de comunicación fuera de internet. Esto es, sólo mediante intervención de un juez. Me parece además de una falta de coherencia supina que ayer mismo Zapatero defendiera una parte de esta ley diciendo que no está dispuesto a quitar la protección judicial a las relaciones laborales y por otra parte estén intentando quitar la protección judicial a la libertad de expresión en internet.

Por otra parte no me parece aceptable ni responsable abrir un agujero enorme en la ley con esta disposición y luego poner las garantías en el reglamento (que es una norma de nivel inferior que aprueba el ministerio o el consejo de ministros sin necesidad de pasar por el parlamento). Si efectivamente el objetivo real de la ley son las webs de streaming de pago, estamos matando moscas a cañonazos. Es como pretender eliminar cuatro malas hierbas en un sembrado inmenso inundándolo con un pesticida que, además, ni siquiera es efectivo contra esas malas hierbas. Ya no es un problema de cuál es la intención real del gobierno con esta medida. Es que se deja el camino abierto para que este gobierno, y otros que puedan venir después, tengan un instrumento para censurar la libertad de expresión en internet.

Además, esta medida introduce un importante componente de inseguridad jurídica para todos los que, mal o bien, intentamos lanzar proyectos y hacer cosas en internet. Nos deja expuestos a que alguien a quien no le guste una crítica nos denuncie a la comisión alegando algún tipo de violación de la propiedad intelectual y el cierre de nuestra web lo decida la mencionada comisión sin intervención de un juez. Y claro, luego se puede recurrir, pero mientras la web está cerrada, y esas cosas no son rápidas precisamente. Así no hay quien invierta, quien innove ni quien se arriesgue a probar cosas nuevas en internet. Calla, que lo mismo ese era parte del objetivo.

Lo del “super-portal”, lo del dinero para proyectos culturales en internet y lo de la posible participación en la comisión me parecen tan, tan increíbles que prefiero ahorrarme adjetivos de los que luego me vaya a arrepentir.

Pero no nos engañemos. Cultura no nos ha convocado para oir nuestra opinión antes de preparar la ley. El anteproyecto de ley ya estaba preparado y aprobado en Consejo de Ministros cuando nos hemos enterado. Y sólo nos ha recibido porque en dos días se ha montado un revuelo tremendo en internet. Un revuelo que no se esperaban. Nos han dicho que llevaban meses preparando la ley y consultando con colectivos de lo más diverso. Y, sin embargo, en todo ese proceso, no se ha contactado con nadie de internet. Ni empresas, ni asociaciones de usuarios de internet, ni expertos, ni nadie de nadie. Me dicen que ni siquiera con los operadores de telecomunicaciones. Esta ley se ha hecho claramente a espaldas de internet. Hoy no nos han convocado para discutir la ley; sólo para intentar aplacarnos.

Y ahora ¿qué?
Ahora toca que todos los que nos hemos movilizado por esto: los que hemos estado en esta reunión, los que participamos en la redacción del manifiesto, los que han estado discutiendo sobre esto en sus blogs, en sus twitters, en sus facebooks, en sus redacciones, en sus empresas, en sus correos con sus contactos, sigamos peleando por ello. Se ha creado un grupo en facebook que ya tiene 46.000 miembros y que posiblemente suba mucho más. Desde él se han convocado manifestaciones en Madrid y Barcelona para mañana por la tarde. A muchos de los convocados nos han llamado de infinidad de medios de comunicación tradicionales. Nos han llamado también del PP, e imagino que pronto de otros partidos, para hablar sobre esto. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a sentarme con quien me convoque para explicarle nuestra postura. Pero, obviamente, sin casarme con nadie, que esto no va de eso.

Esta protesta ha surgido de manera espontánea y distribuída. Esta es la naturaleza de internet. Es lo que desconcierta a los políticos tradicionales. Creo que la mejor manera de mantenerla viva y de intentar que consiga sus objetivos: la retirada de la disposición adicional primera del anteproyecto de ley, es mantenerla así. Sin centralizarla, sin que nadie asumamos protagonismos que no nos corresponden. Pero aportando cada uno nuestro granito de arena para que, por una vez, la opinión de internet sea tenida en cuenta. Al menos en los temas que nos afectan directamente.

Fotos | Jesús Encinar
Twits | Lista de Sinde, #Manifiesto

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

• El primero que añaden como causa para cerrar una página la infracción de derechos de autor.
• El segundo que dejan la potestad para hacerlo en manos no de los jueces, sino de la SS (sección segunda) de la Comisión de Propiedad Intelectual.
• Y el tercero que además se obliga a los prestadores de servicios a entregar a dicha comisión la información de identificación de sus usuarios.

Esto es, que con el pretexto de violación de derechos de autor se podrán cerrar webs sin que intervenga un juez. Y ya no es sólo un problema de infracciones de derechos de autor. Es que se convierte en un arma arrojadiza para cerrar cualquier web que no me guste, que me critique o que simplemente hable de mí. La Composición de la SS no se define aún en la ley, pero viendo la composición de la sección primera, ya nos podemos imaginar quién va a estar en la segunda.

Primero van a por las webs de descargas, pero seguro que poco después el objetivo será criminalizar los enlaces. Cuando los enlaces, conceptualmente, jamás pueden ser infracciones de propiedad intelectual. Parafraseando al clásico: primero fueron a por las webs de descargas, pero no me preocupé, luego a por los de los enlaces, tampoco me preocupé, ahora vienen a por mí…

Resulta que un supuesto derecho al lucro de unos pocos prima por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es de sobra evidente que ni la música se muere ni el cine se muere. Pero es que aunque así fuera, yo prefiero vivir sin música y sin cine antes de vivir sin libertad, que es hacia lo que nos encaminamos.

No nos podemos quedar de brazos cruzados. Nos jugamos demasiado.

Más información | Blogespierre: Texto completo de la Disposición Adicional Primera, Enrique Dans: Involucionismo digital, la vergüenza de la democracia o el gobierno de Los Otros, Nacho Escolar: Insostenible, Cabreados: Atraco a mano armada

Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha, ADSL y cable, que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL está negociando con las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE, para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P.

A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.

Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)

Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)

Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.

Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

Firmado: Merodeando y 831 firmas más (por el momento). Pon la tuya publicando el texto en tu blog.

Vía | Mangas Verdes e Hispalinux

(Artículo copiado de Wikipedia el 12 de marzo de 2020.)

…En 2011, tras un largo proceso de negociación con el Gobierno, la SGAE consigue sacar adelante una ley por la cual se considera al ser humano “un dispositivo de almacenamiento masivo”. Esta ley permite a la SGAE cobrar un canon mensual a las personas, ya que se entiende que éstas son capaces de memorizar y reproducir textos y melodías sin control alguno.

Leer post completo | SGAE 2020.

Relacionado con esto, pero mucho más triste y preocupante: un parlamentario europeo español (socialista y de 73 años) presenta una propuesta en el Parlamento Europeo, una vez más, para que los ISPs sean responsables por los contenidos intercambiados por sus usuarios y para que se cierren los sitios de enlaces torrent. Creo que no exagero si digo que sus votantes no le han votado para esto (que desde luego no estaba en su programa electoral) y que con actuaciones así se arriesga mucho a un fuerte voto de castigo en las siguientes Europeas, que están a la vuelta de la esquina y la percepción generalizada es que al fin y al cabo no se arriesga mucho usándolas para dar esos mensajes.

Vía | Mauro A. Fuentes en Friendfeed y Techmeme respectivamente

Llama poderosamente la atención que quien lo haga sea un grupo de medios, Vocento en este caso. ¿Es el mismo bufete de abogados que manda este cease and desist el que luego les defiende a ellos cuando son acusados por terceros de intromisión en el honor? ¿Qué postura tomarán cuando alguien les demande por contenidos subidos por usuarios suyos a Dalealplay? Por otro lado, una comunicación amistosa previa seguro que hubiera sido más eficaz.

Fuente | Gonzolog

No quiero convertir este blog en un monográfico sobre la SGAE, pero entre el juicio y lo liado de trabajo que ando, últimamente lo parece.

Hoy nos han remitido la sentencia del juicio por la demanda que la SGAE planteó contra mi por atentado a su honor. La juez acepta la demanda y la petición de condena que solicitaba la SGAE. Dice que ha habido menoscabo del honor de la SGAE y que yo soy responsable “como una suerte de colaborador necesario de las manifestaciones vertidas en su blog que atentan al honor de la actora y que (…) no sufrieron intervención alguna por parte del demandado”. Afirma también que aunque sea de aplicación la LSSICE, no deja de serlo la ley de protección del derecho al honor.

Como único precedente jurídico la juez cita la sentencia del caso PutaSGAE, que no es firme, puesto que hoy mismo el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación contra ella, y por lo tanto no cabe alegarlo como precedente. También cita otra sentencia, la de la Frikipedia, que a su vez se remite a esta misma sentencia de PutaSGAE. Esto es, todo casos de la SGAE contra alguien y todos encadenados unos con otros. Cualquiera que no estuviera mejor informado y no conociera nuestro sistema jurídico podría llegar a pensar que se está intentando crear una jurisprudencia ad-hoc para la SGAE.

La sentencia incluye una definición de blog copiada literalmente de internet:

también conocido como weblog o cuaderno de bitácora (listado de sucesos), es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.

Y luego añade, copiado de otra sentencia (viva el copy-paste):

Los hechos en los que se fundamenta la demanda se concretan fundamentalmente en los comentarios, llamados posit y positero a quien lo hace (sic)

Todavía tenemos que hacer un análisis más detallado de la sentencia. En cualquier caso tenemos claro que la recurriremos. Esto no ha acabado ni mucho menos.

Para terminar de cerrar el círculo, a raiz de una entrevista que me hizo Pablo Fernández en 20 Minutos, los abogados de la SGAE presentaron un escrito solicitando a la juez que no me dejara publicar el video de la audiencia pública. Escrito al que, por supuesto, nos hemos opuesto por improcedente y carente de fundamento jurídico. Aún así, todavía no tenemos el video de la audiencia.

Actualización 04/07/08: como consecuencia de la sentencia en primera instancia sobre la demanda de la SGAE, aún no estando de acuerdo con la decisión de la juez, decisión que en breve será recurrida a instancias superiores (sucesivamente Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y como muestra de respeto hacia el poder judicial, en el que sigo confiando para que, al final de todo este proceso, se haga justicia, he procedido a eliminar contenidos de los 22 comentarios enumerados en la Sentencia. En dichos comentarios se ha sustituido las expresiones que supuestamente atentan al honor de la SGAE citadas en la demanda por “*****”.

Más información:

• Texto de la Sentencia Condenatoria
• Solicitud de SGAE de no publicación del video
• Contestación a la solicitud de la SGAE

Cronología del proceso en Merodeando:

• abril 2004: SGAE=Ladrones
• febrero 2007: A la SGAE no le gusta Merodeando
• junio 2007: Demandado por la SGAE
• abril 2008: Audiencia previa del juicio por la demanda de la SGAE
• junio 2008: Juicio por la demanda de la SGAE
• junio 2008: Reflexiones sobre el juicio de la SGAE