viernes, 20 de enero de 2012 a las 20:04
Esta mañana Rosa Jiménez Cano me ha pedido una breve columna sobre el caso Megaupload que ha publicado El País en su sección de tecnología. Lo cierto es que se me hace raro escribir con una longitud predefinida, pero creo que el artículo resume bien mi posición sobre esto. Si se demuestra ante un juez que ha habido lucro ilegítimo aprovechando sin autorización obras de terceros me parece bien que respondan de ello. Ahora, me preocupa la repercusión sobre clientes y sus materiales lícitos y dudo de la eficacia de la medida para cambiar los hábitos de consumo de contenidos online de los usuarios.
También publica El País columnas interesantes de Enrique Dans, Paloma Llaneza. Por otra parte recomendaría leer el post de Carlos Sánchez Almeida en Jaque Perpetuo de El Mundo, que también aparece citado en el Wall Street Journal y la opinión de Javier de la Cueva, recogida en un artículo de El Economista. Otro punto de vista, el de Juan Varela y, por último, el post de Delia Rodríguez cargadito de enlaces para entender el tema.
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viernes, 02 de diciembre de 2011 a las 02:08
Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.
La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.
El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE – siempre defendida por el Ministerio de Cultura – se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.
Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.
Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.
Los gobiernos van y vienen. La red resiste.
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viernes, 01 de julio de 2011 a las 20:00
Hoy acababa el plazo para presentar el recurso de apelación casación de la sentencia en segunda instancia que me condenaba por las ofensas de comentaristas de este blog a la SGAE en el post de título SGAE=Ladrones. Y hoy lo hemos presentado. La casualidad ha querido que justo hoy la Guardia Civil haya entrado a registrar la sede de la SGAE a raiz de una demanda de la fiscalía anticorrupción.
En el recurso se habla de las intenciones de la SGAE al presentar demandas como este caso, que no es la de ir contra los autores de las ofensas, sino la de instaurar un régimen en el que nadie se atreva a criticar sus actuaciones. Se hace hincapié en que no se han identificado las ofensas, en que no se ha hecho ningún esfuerzo por intentar localizar a sus autores. Y también se hace alusión a la falta de justificación, a la invención de varios supuestos de responsabilidad atípicos, como la figura del “colaborador necesario” y, en la desestimación del recurso “la incitación a la crítica”. Y por último también se menciona que no se aplica la LSSI ni se entra a ver si hubo o no conocimiento efectivo.
Creo que es interesante hacer público el texto del recurso vista la actualidad del asunto.
Texto íntegro | Casación Sentencia SGAE=Ladrones
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viernes, 17 de junio de 2011 a las 20:58
Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos.
Si me manifiesto en la calle es porque:
Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:
Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.
Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo (enlace al documento original)
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sábado, 22 de enero de 2011 a las 17:43
Anoche David Maeztu, como ya había adelantado, publicó el texto de su propuesta de redacción alternativa de la Ley Sinde. Después de unas cuantas horas, creo que ya puedo a empezar a dar opinión sobre su contenido. No sin antes advertir que no soy un abogado especialista en esto (que estudiase Derecho hace ya más de 20 años no me cualifica adecuadamente), así que espero también con mucho interés la opinión de juristas especializados. De hecho, no he publicado antes porque estaba esperando eso mismo. Pero visto que nadie más que Ricardo Galli se ha atrevido, no voy a demorarlo más. En cualquier caso, antes de entrar en el meollo, quiero aclarar un poco mi post de ayer en vista de lo que se ha sabido después y de las muy variadas reacciones.
Manipulación
Cuando ayer hablaba de manipulación no me refería a que piense que David Maeztu ha manipulado. Creo ha cometido errores de juicio a la hora de actuar unilateralmente y en secreto. Ricardo Galli da un buen repaso a esa cuestión. Tampoco me consta que Alex de la Iglesia haya intentado manipular. Ha intentado conseguir una solución a este asunto que sirva a los intereses de los de su sector, como se supone que debe hacer. Quizás no haya terminado de entender que para conseguir una alternativa que pueda ser aceptada por los internautas el proceso es muy importante y no se pueden hacer las cosas en secreto o en petit comité. Tampoco creo que manipulase la Cadena Ser. Ellos se limitaron a recibir una información de una fuente, contrastarla con las partes y, al ver que no había noticia, no publicaron. Quien manipuló fue quien filtro a la SER no lo que pasó (que David Maeztu había preparado una propuesta que gustaba a la industria y esta se lo había pasado a los políticos), sino que había una posición común de los internautas negociada por los de la reunión de Alex de la Iglesia. Ese era el intento de manipulación. Que, afortunadamente, se desactiva en cuanto se publica. Hay quien apunta a que no fue un intento de manipulación intencionado, sino un teléfono estropeado. Yo no estoy tan seguro.
Creo que el relato que hace Fernando Berlín es bastante acertado: Y la red se incendió de nuevo
Sobre el fondo de la propuesta
Anoche me vi el gráfico y me leí la propuesta de David con cierta prisa. Esta mañana la he leído con más calma y la he comentado con un par de personas. Mi conclusión es que, aunque formalmente puede ser mejor, en la práctica es igual, o incluso peor. Me explico.
Hay que reconocer que esta propuesta tiene la ventaja sobre la anterior de eliminar la capacidad de la comisión para ordenar el cierre de webs. Entendamos bien qué supone esto, porque es importante: no puede ordenar a un proveedor de alojamiento que desconecte una máquina o a un ISP que deje de enrutar tráfico a una IP. Cosas que sí que podía hacer con la redacción anterior. También parece que, en vez de buscar el cierre de webs, se busca eliminar contenidos concretos. También podría ser un paso en la dirección adecuada. Estas dos cosas, por sí solas serían positivas. Pero es que no vienen “por sí solas”.
Junto a esa mejora, la propuesta de David crea un mecanismo distinto que posiblemente permita los mismos resultados aunque por otra vía. Para decir toda la verdad, en realidad no es un mecanismo que cree su propuesta. Es un mecanismo que se encontraba latente en la LSSI pero que nadie se había atrevido hasta ahora a utilizar. La explicación es un poco larga, pero merece la pena. La LSSI, en sus artículos 16 y 17 dispone el régimen de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios en internet (tu proveedor de alojamiento, tu ISP, la página que enlaza a tu contenido, básicamente cualquier actor de internet que se relaciona contigo). Esto es, en que condiciones estos no son responsables de las cosas que hagan sus clientes o usuarios. Sin esa exención, serían responsables de cualquier contenido de sus clientes y usuarios y, por lo tanto, apenas habría contenidos de terceros. Bien, en esos artículos se afirma que están exentos de responsabilidad mientras no tengan conocimiento efectivo o si lo tienen y actuan en consecuencia. Y para determinar si hay conocimiento efectivo establece lo siguiente:
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución…
Hasta ahora no se había definido concretamente quién era esa autoridad competente. En su momento se intentó infructuosamente que en el texto no dijese “autoridad competente” sino “autoridad judicial”. Precisamente por lo que viene a continuación. En el texto de Maeztu se da expresamente condición de autoridad competente a estos efectos a la Comisión de Cultura. Pero no sólo eso, se cambia la redacción para que haya conocimiento efectivo cuando la comisión indique que hay meramente “posible lesión de derechos de terceros” (mientras que en la redacción actual dice sólo “lesión”). Se amplia la responsabilidad de prestadores a los gestores de publicidad (art. 17 Bis LSSI) y se faculta a los tenedores de derechos a actuar legalmente contra los terceros con conocimiento efectivo (art. 138 LPI):
Además, el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá iniciar las medidas descritas en el párrafo anterior, así como exigir la indemnización de los daños causados, contra aquellos que, con conocimiento o teniendo motivos razonables para conocer, induzcan, faciliten, cooperen o contribuyan de cualquier forma a la infracción de derechos producida por cualquier tercero.
Todo el que se relacione con un pirata, será acusado de piratería
¿Os suena del principio de Piratas del Caribe 3? Pues esto es parecido. Pero, ¿no habíamos quedado que la Comisión no podía cerrar webs? Bueno, así es, pero lo que ahora hace es decirle al prestador de servicios: “tú verás si cierras o no, es decisión tuya. Ahora, como haya un juicio y resulte que el enlace (el contenido o lo que sea) sea ilegal, eres tan responsable como el que lo ha colgado”. ¿Qué pensáis que va a recomendar hacer el 99,99999% de los departamentos jurídicos de empresas de internet? Ante el mínimo riesgo jurídico, eliminemos el enlace o el contenido. Se consigue el mismo efecto sin tener que ir al juez, sin tener que esperar y sin que la comisión tenga que cargar con la responsabilidad de haber cerrado nada. El miedo hace el trabajo por ellos. La extensión del riesgo jurídico a todos los prestadores de servicios.
El problema de fondo de esta regulación es que, de nuevo, basta con una presunción de “posible lesión”, dictaminada por la comisión, para que surtan los efectos que busca la industria: que la página en cuestión deje de estar accesible. A mí no me parece mal que suceda eso, pero siempre después de que un juez haya determinado que existe una lesión de derechos y por lo tanto una actividad ilegal. Nunca antes. De nuevo, intentamos saltarnos a los jueces. Y así no vale.
¿Y los enlaces? No habíamos quedado que los enlaces eran legales y que todos los jueces lo han determinado así. Es cierto. Pero con este mecanismo da igual. El departamento de asesoría jurídica de tu proveedor de alojamiento no se va a andar con matices, no van a asumir el riesgo jurídico, por muy remoto que sea. Por si acaso eliminan el contenido en cuestión. Y si luego resulta que era legal ya lo volverán a subir, si acaso.
La libertad de expresión vuelve a estar amenazada
Y, para colmo, en esta redacción, perdemos la protección de derechos fundamentales que se introdujo en la segunda versión del proyecto de Ley Sinde. Ahora no hay intervención de un juez para determinar si hay conflicto con derechos fundamentales. Esto es, si El País, por poner un ejemplo, publica o enlaza a contenidos de terceros (Wikileaks por ejemplo), se puede denunciar a la comisión, esta lo notifica y, a partir de ahí, cualquier prestador de servicios involucrado que “induzca, facilite, coopere o contribuya de cualquier forma a la infracción de derechos” también será responsable.
Salvo que yo me esté comiendo algún detalle importante (que entra dentro de lo posible), mucho me temo que el problema con esta propuesta no son sólo las formas y el proceso, es también, y sobretodo, el contenido.
Actualización 24 enero 2011: anoche el usuario de Twitter Maeztufacts publicó el pdf completo que David Maeztu envió a Alex de la Iglesia. La propuesta en sí es la misma que ya publicó David Maeztu, pero el texto anterior de explicación revela que los temores que teníamos sobre el mismo eran más que fundados.
Referencias: Propuesta de David Maeztu | Versión anterior de la Ley Sinde (pdf) | LSSI, LPI | Texto completo de la propuesta de Maeztu
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viernes, 21 de enero de 2011 a las 22:59
Me acaba de llamar hace como una hora una periodista de la Cadena Ser para decirme, más o menos textualmente, que “los internautas que estuvieron en la reunión con Alex de la Iglesia han enviado a Rubalcaba y a Saez de Santamaría un documento de mínimos para que la Ley Sinde se apruebe”. Tal cual. ¿Es cierto? Absolutamente falso. Ahora, ¿de dónde sale esta historia?
El pasado 30 de diciembre acudí a la famosa reunión que convocó Alex de la Iglesia con distintos internautas para que le contásemos nuestros puntos de vista sobre la Ley Sinde. En esa reunión David Bravo y David Maeztu explicaron desde el punto de vista legal por qué la ley era una aberración, y los demás explicamos por qué todo internet está en contra y discutimos sobre la evolución de los modelos de negocio y por qué es tan importante que cambien su postura. Fue una reunión con abundante publicidad, con periodistas a la entrada y a la salida, con twitter y con fotos. Desde ese día 30 de diciembre no había vuelto a saber nada más de Alex de la Iglesia o del resto de participantes.
Hasta que esta mañana me llama David Maeztu y me cuenta que lleva como una semana trabajando en una redacción alternativa (más favorable para internet me dice) de la Ley Sinde. Me cuenta después que la ha visto ya con Alex de la Iglesia y con Pedro Pérez y que a estos les convence. No sólo eso, sino que parece que se la han pasado a los políticos y que posiblemente se apruebe el lunes en el Senado. Me cuenta que quiere que nos veamos mañana sábado para contárnoslo de primera mano a Enrique Dans a Nacho Escolar, a Javier de la Cueva y a mí. Hace mucho hincapié en mantener la discreción y en que la reunión y su contenido no trascienda. Me empieza a dar mala espina. No estoy cómodo. Más tarde me cuenta que Javier de la Cueva no va. Me pongo más nervioso. Me cuenta que es en un despacho de abogados especializados en propiedad intelectual que defiende habitualmente las posturas de la industria. Me saltan todas la alarmas. Hablo por teléfono con Enrique y con Nacho. Nos suena a trampa. Aunque no lo decimos estoy convencido de que todos pensamos en la desafortunada reunión con Leire Pajín a la que tuve la suerte de no acudir. Si la cosa ya está hecha, no hemos participado, no podemos negociar nada (no sólo porque no parece que sea ese el objeto de la reunión, sino porque, como no nos cansamos de repetir, no representamos a nadie más que a nosotros mismos), y, además, al no ir Javier de la Cueva no va a haber ningún experto jurídico externo que analice el texto, ¿qué sentido tiene ir? Decidimos declinar la oferta.
Cuando esta noche me llama la periodista, ato cabos y me doy cuenta de que nuevamente hay en marcha un intento de manipulación. Alguien les ha contado el cuento de la negociación e intentan dividir o dar a entender que hay una ley acordada por ambas partes. Posiblemente David haya sido utilizado en todo esto, no lo sé. Imagino que ha pensado una redacción alternativa de la Ley que para él tenía más sentido que la actual, se la ha pasado a la industria pensando que se podía construir algo positivo con eso, y a partir de ahí alguien ha jugado con él. Y ha intentado jugar con todos los demás. Lo que sé seguro es que no ha habido ningún texto de los internautas. Ni de un grupo de internautas. Al menos yo no he participado ni ninguna de las personas que conozco y con las que lo he hablado antes de escribir esto ha participado. No ha habido reuniones, no ha habido textos compartidos o circulando. Si mañana veis mi nombre en alguna noticia diciendo que he negociado con el PSOE o con el PP es falso.
El lunes imagino que me enteraré del texto famoso por la fuente periodística habitual. Y cuando sepa de qué va opinaré, como suelo hacer.
Más información
Enrique Dans: ¿Negociación? ¿Qué negociación? ¿Pero qué me estás contando?
David Bravo: No participé en operación de maquillaje alguna de la Ley Sinde
Alex de la Iglesia: en twitterlong
David Maeztu: Quien me mandará a mi… y Propuesta alternativa a la Ley Sinde
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jueves, 30 de diciembre de 2010 a las 17:07
Esta mañana he estado en la reunión que Alex de la Iglesia ha convocado en la Academia del Cine. A esa reunión hemos acudido trece personas. Tres personas (Alex de la Iglesia, Eduardo Campoy y Pedro Pérez) representaban a la academia o a la industria; había dos más relacionados con el cine (Juan Carlos Tous de filmin.es y Nicolás Alcalá de El Cosmonauta), tres abogados (David Bravo, David Maeztu y Josep Jover), Victor Domingo presidente de la asociación de internautas y otros cuatro de distintos ámbitos de internet: Francisco George, del grupo Manifiesto de Facebook y del Partido Pirata, Ramón Puchades, Mercedes Hortelano, de Reddeideas.org y yo mismo. ¿Por qué estaban ahí esas personas y no otras? Porque son aquellas que han podido y querido ir, de aquellas a las que había invitado Alex. ¿A quién representan? A sí mismos o a sus organizaciones. Igual que en la otra parte tampoco representan a toda la industria de contenidos. No se trataba de representantes para una negociación. Más bien de interlocutores para un diálogo.
¿De qué hemos hablado?
Hemos empezado hablando de la Ley Sinde. David Bravo, secundado por David Maeztu y luego un poco por todos ha explicado muy didácticamente por qué la Ley Sinde no vale. Por qué no resuelve el problema que la industria quiere resolver y por qué genera otros problemas nuevos. Ha explicado también que es tal el desbarajuste que no es susceptible de ser arreglado con unos pocos cambios en el Senado. También ha explicado muy bien cuál es el ámbito de actuación del juez y cómo no entra en el fondo de la materia sino que sólo se pronuncia sobre la afectación de derechos fundamentales.
Luego hemos pasado a hablar de los cambios de la tecnología, de los hábitos de los usuarios y, como consecuencia de ello de la industria. Hemos hablado de modelos de negocio posibles y también hemos intentado desmontar algunas falacias muy instaladas. Los asistentes de la industria han demostrado un talante muy dialogante, han compartido sus preocupaciones, pero también han hablado de hacer cambios, de ceder, de modificar cosas.
Hemos explicado que muchas de las medidas impulsadas hasta ahora por la industria, desde el canon a la ley sinde, son percebidas claramente por la sociedad civil en internet como una agresión, y por lo tanto generan una repuestas a la contra. También hemos aclarado que el problema de la industria no se resuelve por la vía legislativa, sino compitiendo con un producto mejor contra los contenidos a los que acceden los usuarios al margen de la industria. Ahora, hay que cambiar cosas. Y habrá víctimas (negocios que cerrarán y puestos de trabajo perdidos), igual que ha sucedido en todos los procesos de cambio tecnológico en otros sectores. Cuanto antes nos pongamos a ello, menos serán.
Hemos hablado también, aunque muy brevemente, sobre otras soluciones legislativas. Sobre la comisión sobre propiedad intelectual en el parlamento, e incluso sobre el canon a las conexiones adsl. Hemos hablado de que urge abrir un diálogo entre todas las partes para definir cuál debe ser el encaje de los derechos de autor en el escenario tecnológico y social actual. Y dentro de eso considerar si es necesario hacer cambios legislativos y cuales.
Conclusiones
Creo que el mero hecho de que se haya celebrado esta reunión es un buen paso adelante, y hay que agradecérselo a Alex de la Iglesia. Hemos tendido puentes de conversación por primera vez. Nos ha permitido también ver que al otro lado no hay un bloque monolítico de opiniones radicales. Puede haber algunas personas que, sin dejar de defender sus intereses y los de su industria, están dispuestos a dialogar y a intentar entender nuestra posición.
Me quedo también con el mensaje de que hay radicales en ambos lados. Cada vez que alguien acusa a los usuarios de piratas hay un número de ellos que deciden no volver a pagar nunca por nada. Si conseguimos evitar los radicalismos y centrarnos, como decía David Bravo, en trabajar en buscar soluciones a los problemas que sí se pueden resolver (cómo genera alternativas de consumo de productos culturales en internet dentro de la industria que satisfagan a los usuarios) y no en los que no se pueden resolver (cómo conseguir que nadie acceda a mis contenidos sin pagar), estaremos en vías de encontrar solución a esto.
Obviamente sigue habiendo diferencias. Nosotros tenemos clarísimo que la Ley Sinde no vale, ni siquiera enmendada. Ellos han entendido mejor nuestra postura. Nosotros la suya. Alex de la Iglesia decía acertadamente que para que esta situación se resuelva habrá que hacer cesiones por ambas partes. Ese puede ser un camino.
Mientras, soy razonablemente escéptico de que esta reunión tenga impacto en el proceso de aprobación de la la Ley Sinde en el Senado. Los diálogos y los consensos a los que se refiere hoy mismo Zapatero son de índole política entre el PSOE y PP y/O CIU y tienen poco o nada que ver con lo que hemos estado discutiendo hoy. Si finalmente se aprueba como está o retocada ligeramente, habremos continuado con la política de agresión a los usuarios y de radicalización de las posturas en ambos lados. Espero que no sea así.
Foto | El Cosmonauta
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viernes, 19 de marzo de 2010 a las 13:02
El Consejo de Ministros aprobará hoy viernes en Sevilla – en pleno puente de San José – ese engendro llamado “Ley de Economía Sostenible”, que incluye la conocida como “Ley Sinde”, que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días. Me sumo a los blogs que republican hoy el manifiesto conjunto del pasado mes de diciembre. Es la primera vez en este blog que se repite una entrada, pero la extrema gravedad del tema lo merece. Si tienes página en la red, si publicaste en su momento el manifiesto, si no lo publicaste pero has seguido este tema y te hubiera gustado hacerlo, si la red es para ti algo importante; te invito a hacer lo mismo:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
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Tags: Derechos, Sinde
lunes, 11 de enero de 2010 a las 15:31
Ya tenemos disponible el nuevo texto de la Ley-Sinde (la disposición final primera del proyecto de Ley de Economía Sostenible). Y es peor de lo que nos temíamos. Desde el viernes he estado hablando con medios y haciendo suposiciones sobre un texto que el gobierno había aprobado, pero había decidido no publicar el viernes sino el lunes. Los presagios no eran buenos. Las declaraciones del Ministro de Justicia tras la reunión del Consejo de Ministros afirmando que el derecho a la propiedad intelectual es un Derecho Fundamental indicaban que la cosa no iría bien. El nuevo texto lo confirma. Lo principal es lo siguiente:
En Derecho se conoce como prueba diabólica aquella que exige al acusado probar algo que es imposible probar. Por ejemplo demostrar que algo no ha sucedido. Algo así pretende la Comisión. Por una parte se inventa el concepto de “ánimo de lucro indirecto”, que hasta dónde yo sé no existe en nuestro ordenamiento jurídico, posiblemente para intentar abarcar o bien la publicidad o incluso alguna interpretación más enrevesada, como la utilidad no económica. Pero además, y esto es lo más grave desde mi punto de vista, se añade a quien “pretenda causar un daño patrimonial”. Esto es, si la Comisión estima que la web pretende causar un daño patrimonial ya puede cerrarse. Esta claúsula, posiblemente, pretenden usarla para poder cerrar cualquier web que estimen que les causa perjuicio económico y que ha sido previamente advertida (si no ha retirado el contenido sabíendolo es que nos quiere perjudicar). Esto incluye a webs sin publicidad, a enlaces y prácticamente a cualquier tipo de página web.
Esta ley, con esta redacción, es un cheque en blanco a las entidades de gestión para que puedan cerrar con plazos breves y a cuenta del Estado cualquier web que se les antoje. Es intolerable.
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viernes, 08 de enero de 2010 a las 11:54
Estoy francamente decepcionado. Abc.es publica un artículo sobre el debate al que me invitó ABC ayer que duró un par de horas y, no sólo no veo una sola de mis afirmaciones en él, es que sólo me citan para mencionar cosas a las que me oponía, y ni siquiera todas ellas. Leyéndolo se comenta varias veces asuntos en los que todos estábamos de acuerdo (el papel central del autor en la industria o la culpa de las telecos) con las que para nada comulgo y que, en un caso ni se mencionó y en otro estábamos medio de acuerdo. Esto es, los representantes de las entidades de gestión estaban de acuerdo y yo no. Visto que no me veo para nada representado, no me queda otro remedio que intentar reconstruir en base a mis notas y mi memoria como fue el debate.
Hace unos días me llamó Inés Martín de ABC para invitarme a un debate sobre la polémica sobre la Ley-Sinde (la disposición adicional introducida en el anteproyecto de ley de economía sostenible que otorga a una nueva sección de la comisión de propiedad intelectual la potestad para cerrar webs por vulneración de derechos de autor). En el debate iba a estar un representante de la Coalición de las entidades de gestión, un abogado de su parte, estaría yo, y me pedían referencias de un abogado de “nuestra parte”. Después de pasar por los nombres que os podéis imaginar, que están todos fuera de Madrid, y que ninguno podía venir, al final les propuse que invitaran a Paloma Llaneza. Si bien no coincide 100% con nuestras posiciones, tampoco compra las de la otra parte y ha sido muy crítica con el proyecto en muchos aspectos. Preveía pues una ligera desventaja, pero, inocente que es uno, pensé que se podría superar con energía y convencimiento y con la imparcialidad del medio anfitrión.
Llegué al debate el primero y poco a poco me fui dando cuenta de que la cosa no era exactamente como la esperaba. Resulta que al debate venían José Antonio Suárez abogado y secretario general de EGEDA, Joan Navarro, director de la Coalición y Alex de la Iglesia. Por unos momentos incluso parecía que Paloma no se incorporaría. El debate quedaba ya claramente descompensado. Tres ponentes curtidos por un lado (he coincidido ya en debates con todos ellos) contra mí y la ayuda que Paloma me diera (que al final afortunadamente fue bastante). Para iniciar la acción un responsable de ABC lo encuadró en (cito de memoria) “el tradicional respeto de esta casa por todas las propiedades, incluida la propiedad intelectual”, aunque también matizó que “había ciertos cambios a consecuencia de internet que posiblemente hacían necesarios planteamientos nuevos”.
Inés abrió el debate preguntando qué nos parecían las medidas propuestas por el gobierno. Empezó respondiendo Suárez alegando que el gobierno lleva un retraso de 8 años en tomar medidas sobre esta materia, que al fin lo están haciendo, que somos uno de los países con mayores índices de piratería, que estamos en la lista negra de EE.UU… Paloma y yo saltamos a contestar que no hay estudios independientes que demuestren eso, que los únicos estudios al respecto son los que elaboran ellos que además luego se los facilitan a EE.UU. para que nos ponga los primeros de la lista. La contestación de Suárez a esto fue de nota: citó a McCarthy y su frase “un comunista en el departamento de estado es ya un comunista de más“ para a continuación añadir “una sóla descarga ya es demasiadas descargas”. Así, descargas en general, sin matizar. Por lo menos queda claro cuales son sus fuentes de inspiración.
Alex de la Iglesia siguió con la cantinela habitual de los muchos empleos que se están perdiendo en su sector, de las situaciones tan críticas, de la urgencia de actuar contra esto… Joan Navarro siguió con que la piratería era un robo vergonzoso…
Paloma Llaneza puso sobre la mesa la chapuza jurídica que representa la ley (ha escrito en su blog, pero más sobre sus conclusiones a posteriori que sobre el debate en sí). Textualmente dijo que en España se legisla “a tontas y a locas” y que por intentar hacerlo rápido al final no es eficaz y tendrán que volver a iniciar de cero. Navarro decía que las medidas (que afirmaba no conocer a priori) eran de cirujia de precisión (yo le dije al vuelo que no se hace cirugía de precisión con una sierra mecánica) y que habían sido estudiadas al milímetro por muchos abogados del Estado. Suárez argumentaba que mejor hacerlo mal pero hacer algo y De la Iglesia convenía en que era importante hacer algo ya, aunque no fuera fino. Puso el ejemplo de un amigo que quería hacer cine pero bien y nunca había hecho una película. Yo repliqué que ese criterio para hacer películas podía estar bien, pero para otras cosas no. Que seguro que no le gustaba ese criterio para guiar la actuación de un cirujano, y que legislar sobre materias tan delicadas como esta era algo parecido. Y que en este caso no se puede actuar precipitadamente para defender los intereses de unos pocos y con ello perjudicar los derechos de los ciudadanos y los intereses económicos de las empresas del nuevo entorno.
Me tocó opinar a mí y dije que lo fundamental de este proyecto es que transfiere potestades que en nuestro ordenamiento son claramente del poder judicial al ejecutivo y con ello contribuye a erosionar aún más la división de poderes tan básica para la democracia. Expliqué que tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Una es como se deben regular los derechos de autor en un contexto nuevo, que es un debate que se debe tener con tiempo, con publicidad y con participación de todas las partes implicadas. Y otro debate distinto y más urgente que es sobre las medidas que se intentan implantar sobre esta cuestión.
A partir de ahí Alex de la Iglesia se fue desatando con metáforas y frases-titular con un nivel de demagogia muy elevado: que si parecía que la propiedad intelectual no fuera igual que el resto de propiedad (que será porque no lo es), que si se respetaba más a la agri-cultura que a la cultura, que si las descargas son como un alunizaje en una joyería con un Hummer… Además de esto, los tres ponentes de la otra parte se esforzaban por intervenir uno detrás de otro para que no tuviera posibilidad de ir contestando y desmontando sus afirmaciones. No tengo el cronómetraje del debate, pero dudo seriamente que mi tiempo de intervención llegase al 20%. Unido a eso, sufría interrupciones constantes cada vez que enlazaba tres palabras seguidas, en especial por parte de Alex de la Iglesia. Tan fue así que en un momento del debate tuve que levantarme y decir que así no seguía debatiendo.
Inés Martín nos preguntó más adelante si había algún area en la que pudiéramos estar de acuerdo. Yo dije que sí, que yo personalmente creía en los derechos morales del autor (a que se reconozca su autoría y se mencione, a que no se plagie) y también en el derecho a evitar que otros se lucren con la difusión de sus obras. Ahora, aclaré, esto no se puede intentar alcanzar sin todas las garantías judiciales y además y esto es muy importante, sin criminalizar el enlace. Expliqué que el enlace es fudamental para la web como la conocemos. Hice mención a cómo era internet antes, en tiempos de Gopher, Telnet y demás. Sí, y Mosaic decía Suárez. No, Mosaic ya era web y enlaces (obviamente no lo había entendido pero había oído flautas). Navarro saltó oportunista que entonces estábamos todos de acuerdo y que no se hablase más. Pero no es así. Por un lado porque lo que pone en el anteproyecto se parece como un huevo a una castaña a esto que estábamos diciendo. En segundo lugar porque lo que la Coalición entiende por “que alguien se lucre con la difusión de obras de terceros” y por “no criminalizar el enlace” es muy pero que muy distinto de lo que entiendemos nosotros. Así se lo hizo ver Paloma Llaneza.
El debate terminó con los representantes de la otra parte al unísono afirmando que no se iba contra los usuarios (lo clásico) y que lo que pasaba era que el público estaba muy desinformado y que había que educarle. Imagináos como sonaba de ridículo que la propia Inés Martín le respondió que la gente no estaba desinformada, que al contrario, que este tema había suscitado un nivel de protesta en internet no visto anteriormente. La coletilla final fue el ya clásico “hay que seguir el dinero” de Alex de la Iglesia y la acusación también de los tres representantes de las entidades de gestión de que las grandes culpables son las operadoras de telecomunicaciones.
Me llevo una sensación más bien amarga de mi participación en el debate. Lo siento por Inés Martín, porque no creo que fuera su intención. Aunque si es verdad que noté en otras personas de ABC presentes un nivel de reverencia a los otros tres participantes ciertamente significativo. Para la próxima vez tengo muy claro que me llevaré mi propia grabadora y que según qué medio me negaré a asistir si las composiciones no son absolutamente equilibradas.
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Sección:
Evolución Digital,
Internet y la Ley
Tags: manifiesto
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